la paz nos pertenece

Hoy primero de diciembre de 2017, la Oficina del Alto Comisionado Para La Paz, en representación del Gobierno Nacional, ha emitido un comunicado público donde asevera que éste último ha dado cumplimiento riguroso a los compromisos adquiridos en las mesas de negociación.

Entre los presuntos logros alcanzados, manifiesta dos que llaman la atención de las organizaciones defensoras de los derechos humanos: “…La publicación del proyecto de decreto para agilizar y fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas…” e “…impulsar la pronta aplicación de la Ley 1820 de 2016 (Ley de Amnistía) y el Decreto 277 de 2017, en lo referido a la despenalización de la protesta”.

El “riguroso cumplimiento” que autoproclama el Gobierno Nacional, no es más que un sofisma alimentado con pretensiones engañosas, cuya finalidad es la de convencer a la población civil sobre un compromiso inocuo que la Institucionalidad Colombiana tiene con la paz.

Sin embargo, si se analiza cuidadosamente los puntos que han sido señalados en líneas anteriores,  se podrá evidenciar que se miente  de manera deliberada, y ello es peor que cargar con un yerro causado por la negligencia de un Estado que nos tiene acostumbrados a esas prácticas oscuras.

Es necesario señalar que el Sistema de Alertas Tempranas se constituye como un mecanismo que debería “…advertir sobre las situaciones de riesgo de la población civil por los efectos del conflicto armado interno y promover la acción de prevención humanitaria con el ánimo de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas…”[1]

Es lamentable que un instrumento como éste, deba estar condicionado a una efímera voluntad de paz por parte del Estado Colombiano, y a pesar de ello, se afirme que se está cumpliendo con lo pactado al llevar a cabo una simple “publicación” de un Decreto que busca fortalecerlo y que ni siquiera se ha expedido, es decir, es letra muerta.

Lo que la población civil necesita es una muestra efectiva y material frente al compromiso de proteger y respetar sus derechos fundamentales, destinando recursos materiales que permitan palpar un país diferente, sin embargo, el Alto Comisionado Para la Paz, se autocomplace vendiendo la idea de generar mecanismos de protección que no son efectivos e idóneos.

Además, el principal problema que sufre el Sistema de Alertas Tempranas, es la falta de cumplimiento por parte de las autoridades estatales, de los diferentes llamados emitidos por este mecanismo preventivo, empero, las iniciativas del Gobierno no son suficientes para transformar tal desacato.

Frente al segundo elemento, esto es; la aplicación de la ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 hogaño, también comete un grave error el ejecutivo al señalar que su aplicación despenaliza la protesta social.

Y es que no le asiste la razón al Gobierno conforme a las consideraciones que a continuación se exponen:

  1. En ninguna de las dos iniciativas legislativas se regula de manera alguna la despenalización de la protesta social, solo hace referencia a los beneficios a los que tendrían derecho aquellas personas que fueron procesadas (antes de la firma de los acuerdos) alrededor de una manifestación, pero no genera ningún cambio en el tratamiento futuro de la protesta social.
  1. El Estado Colombiano se ha negado a transformar su doctrina militar, aplicando otra que sea respetuosa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
  2. El tratamiento que se le da a la protesta social ha sido la del enemigo interno, no en vano siguen causándole la muerte y agrediendo a los manifestantes, como es el caso de Segovia (Antioquia) y Tumaco (Nariño).
  3. A pesar de tener una fuerza pública que tiene responsabilidad en las masivas violaciones a los derechos humanos, el Estado Colombiano, le amplía sus facultades con la expedición del nuevo código de policía, en desmedro de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En síntesis, el Estado Colombiano ha incumplido los acuerdos de paz en todos sus ejes de negociación; no solo el Gobierno Nacional, sino también el Congreso de la República y la Corte Constitucional. Son muchos los cambios que han incorporado en los acuerdos, éstos se han convertido en una renegociación en cada estamento y mientras  se ven desdibujados cada vez más los compromisos, los comunicados públicos nos venden la idea de un supuesto cumplimiento de las obligaciones con la paz.

Es grave, que el Gobierno pretenda darle el mismo cumplimiento a los acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional, que ha tenido con los de la Fuerza Alternativa del Común, toda vez que desde ya se puede advertir que el compromiso es totalmente efímero con la paz.

Siendo conscientes de la gravedad de esta situación, EXIGIMOS EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS PACTADOS Y UN COMPROMISO SERIO DEL GOBIERNO NACIONAL CON LA PAZ DE NUESTRO PAÍS.


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