Corporación Jurídica Libertad

Nuevamente el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado ha decidido salir a la calle, para expresar a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional que seguimos unidos y unidas luchando para hacer posible los derechos de verdad, justicia, reparación integral y no repetición.

 

Como en años anteriores, el 6 de marzo se convierte en una fecha emblemática, que le recuerda al mundo la tragedia que ha vivido Colombia en las últimas décadas, donde miles de personas fueron objeto de crímenes atroces como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, torturas, genocidio, entre otras. El 6 de marzo es el día especial de la Memoria Histórica, día en que rendimos un homenaje a nuestra víctimas e invitamos a la sociedad a no olvidarlos, a recuperar su dignidad y a exigir que Nunca Más se cometan estos crímenes contra la humanidad.

 

Pero, dolorosamente, llegamos este día para denunciar que estos crímenes se siguen cometiendo y que el Estado colombiano mantiene políticas, métodos y estrategias que lo permiten. Para denunciar que políticos, empresarios, soldados, policías y paramilitares, siguen unidos generando terror en muchos lugares del departamento para garantizar intereses personales de expropiación de tierras y de los recursos naturales. Pero además, estamos aquí para denunciar que todos estos crímenes siguen en la absoluta impunidad. Amparados en la llamada seguridad democrática se siguen desconociendo los derechos y negando la posibilidad de una paz y una democracia verdadera.

 

Esta realidad de negación de derechos se hace evidente en hechos tales como:

 

1.         Desde el año 2002 a la fecha 836 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en el departamento de Antioquia por miembros de la fuerza pública, que luego presentaron a las víctimas como guerrilleros muertos en combate. Mujeres, hombres, niños, niñas y jóvenes, fueron asesinados con el único fin de presentar resultados positivos de la seguridad democrática y para obtener beneficios económicos o laborales. Aunque algunos militares han sido sancionados por estos  hechos, la mayoría de los casos sigue en la impunidad y el gobierno nacional se niega a reconocer su responsabilidad.  

 

2.         La ciudad de Medellín sigue siendo evidencia del control social del paramilitarismo asociado con el narcotráfico. Seis estructuras criminales se disputan el dominio total, entre ellas tres coligadas a la Oficina de Enviagado, anteriormente comandada por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna. Para mantener dicho control se sirven de más de 200 grupos de jóvenes o combos que están obligados a acatar los órdenes de los llamados “patrones”, cuentan con armas de corto y largo alcance, y además son responsables de más de 2.100 asesinatos cometidos en las comunas en el 2009. En lo que va corrido de este año ya son más de 200 personas asesinadas. Esta situación se enfrenta con medidas que niegan los derechos y siguen poniendo en riesgo a la población civil como la propuesta de estudiantes informantes en la ciudad; o mediante pactos de convivencia “que pone a depender la garantía del derecho a la vida en los propios criminales y que además, deja intactas sus redes económicas basadas en el tráfico de drogas de uso ilícito, el expendio de alucinógenos, la extorsión, la trata de personas para la prostitución, y la utilización de menores de edad en dicha actividad”.

 

3.         Se mantiene la política de persecución a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, mediante amenazas, hostigamientos y persecución a sus líderes. Pese a que la justicia tiene pruebas que involucran a altos mandos de la brigada XVII en la masacre del 21 de febrero de 2005, en la que fueron asesinadas ocho personas, entre ellas tres niños, aún ninguno ha sido condenado por estos hechos. Además el alto gobierno, en cabeza del presidente Álvaro Uribe Vélez, se niega a reconocer su responsabilidad cuando quiso desviar la investigación y pretendió ocultar las claras evidencias de la respetabilidad de la fuerza pública en estos hechos. Por el contrario, el ejecutivo patrocina una campaña de desprestigio contra la Comunidad valiéndose de desmovilizados de la guerrilla y del paramilitarismo que están dispuestos a retorcer la verdad con el único fin de acceder a beneficios jurídicos y económicos.

 

4.         El movimiento de derechos humanos y de víctimas sigue siendo señalado, estigmatizado y perseguido en todo el país. En el caso de Antioquia se mantienen informes de inteligencia y procesos judiciales contra defensores de derechos humanos reconocidos en la ciudad. Nuestro compañero Winston Gallego Pamplona continua injustamente privado de la libertad en la cárcel de alta seguridad de La Dorada, donde adicionalmente debe enfrentar amenazas y riesgos contra su vida, sin que las autoridades penitenciales quieran atender su situación. Además, en el último mes se conocieron amenazas de vida contra Bayron Ricardo Góngora, abogado de la Corporación Jurídica Libertad y representante de víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

 

5.         Las Comunidades del Bajo Cauca y del oriente antioqueño continúan denunciando atropellos contra los campesinos de la región por parte de la fuerza pública, que ponen en riesgo su vida, su seguridad e integridad personal.

 

6.         Las víctimas de la Comuna Trece de Medellín siguen esperando que se avance en mecanismos de búsqueda de sus seres queridos desaparecidos forzadamente en desarrollo de la Operación orión en el 2002. Pese a que los jefes paramilitares han denunciado al general retirado Mario Montoya Uribe como uno de los responsables de los hechos, la justicia no avanza en la investigación y por el contrario él sigue en un cargo diplomático en total impunidad, mientras que las familias deben enfrentar nuevos hechos de violencia y persecución en sus barrios.

 

7.         La ley 975 de 2005, falsamente llamada de “Justicia Y Paz” ha demostrado su rotundo fracaso en el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Hasta la fecha los paramilitares han reconocido una verdad a medias, señalando a unos pocos políticos y militares de los hechos, pero ocultando las estructuras criminales que conformaron altos mandos del ejército, empresarios y políticos. Han reconocido genéricamente su responsabilidad en miles de asesinatos y desapariciones forzadas, pero se niegan a esclarecer qué paso con las víctimas, se niegan a decir dónde están los desaparecidos, se niegan a devolver las tierras y bienes robados. A la fecha ninguno de los postulados en justicia y paz ha sido condenado por los crímenes confesados. Este es el caso del jefe paramilitar del Magdalena Medio Ramón Isaza, que sigue empeñado en negar su responsabilidad en la desaparición de 16 campesinos de la vereda La Esperanza de Carmen de Viboral y no ha entregado ningún dato que permita avanzar en su búsqueda.

 

8.         Las investigaciones sobre parapolítica en Antioquia están estancadas, no avanzan y poco se ha esclarecido sobre el hecho cierto de que paramilitares, narcotraficantes y políticos se unieron para gobernar y posicionar su proyecto criminal en el departamento. Por el contrario, la coyuntura electoral ha estado marcada por denuncias sobre corrupción, fraude y presencia de amigos y familiares de los parapoliticos sustituyéndolos en el cargo. Además, candidatos de todos los partidos defienden la seguridad democrática como un bien jurídico que debe mantenerse como política de Estado, pretendiendo desconocer que ella es la causante de cientos de crímenes y violación sistemática a los derechos humanos y que se trata de una política de guerra que perpetúa el conflicto y militariza la sociedad.

 

Por todo lo anterior, estamos llamando a la sociedad antioqueña para que “Escuche la voz de las víctimas” y se una a su justo reclamo de verdad, justicia y reparación integral.

 

Estamos llamando a rechazar las prácticas criminales y desconocedoras de los derechos humanos propiciadas desde el mismo Estado.

 

Estamos llamando para que se unan en el rechazo a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y en general todos los crímenes contra la humanidad.

 

La democracia en Colombia sólo puede empezar a ser una realidad cuando se reconozcan, entre otros, los derechos de las víctimas y se avance en políticas que garanticen la no repetición de los crímenes.

 

 PROCLAMA 6 DE MARZO DE 2010