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VULNERACIÓN DE LOS DH EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO, “EL PESEBRE”

Comunicado Público
Medellín, enero 31 de 2012

La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -Seccional Antioquia-, (en adelante CSPP), Organismo No Gubernamental de Derechos Humanos, dentro de sus labores de Promoción, Formación y Denuncia de los Derechos Humanos, en especial con las personas detenidas por motivos políticos, con la población carcelaria en general, con víctimas del conflicto armado, con comunidades en riesgo y organizaciones sociales, Alerta ante los estamentos políticos y administrativos y sobre todo ante la sociedad en general, la situación de vulneración y de riesgo inminente de los derechos fundamentales a la vida, la salud, la dignidad y la integridad de las personas privadas de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Puerto Triunfo -“El Pesebre”-, por las condiciones inhumanas en que se encuentran en dicho establecimiento.

Desde el 5 de julio del año 2010 fue inaugurado el Establecimiento Penitenciario de Puerto Triunfo -“El Pesebre”-; su lanzamiento fue publicado como un aporte para el des-hacinamiento, que junto a las 9 cárceles que se inauguraban entonces, albergaría un total de 22.703 reos, que según el anterior gobierno de Álvaro Uribe Vélez, confesaba un atraso de 60 años.

Desde el mes de agosto del año 2011, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos inició un trabajo de acompañamiento en materia de Derechos Humanos a los Presos Políticos y Sociales allí recluidos. Encontrando el CSPP denuncias de los presos sobre problemáticas como fallas infraestructurales como el poco suministro del agua y mala calidad del líquido; poca ventilación, inidoneidad de los espacios para las visitas -incluidas las conyugales- y ausencia de escenarios deportivos; problemáticas referidas a fallas en la prestación del servicio de telecomunicaciones, salud y alimentación, incluido el expendio; y contratación de Funcionarios en el área administrativa mal preparados y sin experiencia, afectándose entre otras, el derecho a la redención de penas a que tienen derecho las personas detenidas.

Además encontramos el CSPP se encontró además con la ocurrencia de presuntos hechos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de miembros del personal de vigilancia y custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–.

Posteriormente la Defensoría del Pueblo interpuso una Acción de Tutela buscando la protección de los derechos de los Presos Políticos y Sociales a la vida, la dignidad humana, la igualdad, la salud y el debido proceso. Estos derechos fueron tutelados por el Tribunal Superior de Antioquia mediante Sentencia de Tutela del 20 de junio de 2011.

Mediante Sentencia del 28 de julio de 2011,  la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de primera instancia, salvo en “el amparo respecto de los temas relacionados con las visitas conyugales y la optimización del funcionamiento de la Oficia Jurídica del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Puerto Triunfo”.

A pesar de la decisión judicial, reiteradamente han manifestado los Presos Sociales y Políticos de Puerto Triunfo de la continuación de la situación de flagrante vulneración de sus Derechos Humanos en ese penal, tanto así que desde el mes de octubre, señalan que no se cuenta un médico que atienda los requerimientos en salud que tienen los allí recluidos.

Esta situación se vio confirmada cuando el 29 de diciembre de 2011, una comisión gubernamental conformada por la Dirección de Salud de la Gobernación de Antioquia, La Dirección de Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud y La Dirección Seccional y Protección Social de Antioquia, visitó las instalaciones del mismo centro penitenciario. Esta comisión corroboró la insalubridad de las comidas otorgadas en el centro penitenciario y además ordenó el cierre del Centro de Sanidad del Establecimiento Penitenciario –en donde se prestan los servicios de salud a los detenidos–, dado que  no cumplía con los requerimientos mínimos para este tipo instalaciones.

Como consecuencia nefasta de la inatención en Establecimiento Penitenciario de Puerto Triunfo -“El Pesebre”-, se presentó la muerte de una persona en el patio 4 del Centro Penitenciario de Puerto Triunfo, que respondía al nombre de Jhonatan Smith Arias Úsuga, deceso causado por un Paro Cardiaco, presuntamente causado por una meningitis y la ausencia de atención médica al interior del Centro Penitenciario.

Por todo lo anterior, el día 26 de enero se llevó a cabo una visita de observación y verificación de la situación de Derechos Humanos, en la que participamos la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –CSPP–,el Congresista Iván Cepeda Castro y la Corporación Nuevos y Mejores Caminos, confirmando las siguientes problemáticas:  

1.    En materia de agua, el Director del Establecimiento Penitenciario de Puerto Triunfo -“El Pesebre”- confirmó la existencia de un “pico y placa” del agua, consistente en la regulación del suministro del agua, que se lleva a cabo por horas, en la mañana 2 horas, al medio día otra hora, en la tarde 1 hora y en ocasiones 1 hora en la noche.

Frente a esto, los Presos Sociales y Políticos manifiestan que además de que ese “racionamiento” irracional se presenta, el agua desde la inauguración de la cárcel es de mala calidad, es turbia, de mal sabor y olor, aunque desde hace 15 días ha mejorado un poco. Además manifiestan los privados de la libertad que el racionamiento máximo es de 4 horas repartidas en todo el día, situación que se torna insoportable y vulnera su dignidad y su salud porque la temperatura llega hasta los 40 grados centígrados al interior de la prisión; situación que también deben padecer las visitas, incluidos niños, en los días en que acuden a ver a sus seres queridos.

Explica el Director del establecimiento que tal racionamiento del agua se debe a la necesidad de cuidar las 12 motobombas con que cuenta el establecimiento penitenciario, que por las lluvias torrenciales de la región se oxidan y se dañan. También reconoció el funcionario que la calidad del agua y la forma en cómo se suministra produce en los presos enfermedades o síntomas como diarrea, cólicos, dolores de cabeza, problemas respiratorios y hasta dolores óseos.

2.    En materia de servicios de salud, el Director del establecimiento reconoce que desde la visita de la comisión gubernamental del 29 de diciembre no hay médico para la atención de los presos, para lo que se ha implementado un plan de contingencia con ayuda del Hospital de Puerto Triunfo Antioquia y el puesto de salud de los Municipios de Doradal Antioquia o la Dorada Caldas; según el nivel de urgencia manifiesta que diariamente, de 876 presos, van 6 a recibir atención médica. Además manifiesta el Director que se llevarán a cabo unas brigadas de atención en medicina general y odontología en cada uno de los patios del penal.

Sobre esta materia los Presos Políticos y Sociales insistieron en que la ausencia de médico no obedece únicamente al cierre del Centro de Sanidad, sino que esta medida es una consecuencia inevitable de las malas condiciones en que se encontraba ese recinto, pero que la ausencia de galeno proviene desde el mes octubre del 2011.

Esta situación además genera la expansión y ausencia de cuidado de enfermedades como hipertensión, diabetes, o epidemias sin identificar como la presentada en el patio 5, que entre los días 25 y 26 de enero pasó de síntomas en 5 detenidos en el primer día, a 16 en el segundo, sin que ni siquiera se tuviera conocimiento de que se trataba. En ese sentido denunciaron los presos como la atención médica en hospitales externos cercanos es nueva y solo prospera cuando la enfermedad se torna como muy grave y urgente, además de que se autoriza la salida o no del detenido enfermo, según la condena y la fase de clasificación del afectado.

Se denuncia también la situación grave de salud como del Preso Social Norvey Andrés Castañeda Narváez, quien por inatención médica de una sífilis en la cárcel, padece Hepatitis B, teniendo incluso que comprar su propia medicina. Frente a este caso en concreto, el Director manifiesta haber solicitado el traslado del detenido hacia la cárcel Bellavista en Medellín, en donde podrá recibir atención de urgencia más rápida por acortarse la distancia.

3.    Sobre la alimentación de las personas privadas de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Puerto Triunfo -“El Pesebre”-, los presos manifiestan que la alimentación suministrada no corresponde al menú acordado y al que se ve obligada la empresa contratista “Unión Temporal Compartir”; manifiestan además los presos que la comida no en pocas ocasiones es suministrada en estado de descomposición, tal y como lo comprobó la comisión gubernamental que visitó el penal el 29 de diciembre, al percatarse casualmente de un pollo en descomposición que se dio a los presos en esa fecha.

Esta situación se ve agravada en tanto el Consejo de Interventoría y Seguimiento de Alimentos, consagrado en el artículo 82 del Acuerdo 011 de 1995, si bien formalmente existe, no cuenta con la participación de los presos, tal y como lo ordena la norma, sino que solo cuenta con personal del INPEC. También afirman los presos, que las personas con enfermedades que requieren de una dieta particular, han tenido que abandonarlas porque no se cumple con el suministro de la alimentación ordenada por el médico.

Por último, a una sola voz manifiesta los presos que el servicio de expendio es totalmente carente de productos suficientes para los días comunes así como para los días de visita de sus familiares y amigos. Al respecto manifiesta la Administración del penal que los incumplimientos en el menú y la ausencia de abastos en los expendios, obedece a la distancia en que se encuentra el penal de los centros urbanos de producción y por el incumplimiento mismo de los contratistas, sobre todo en lo concerniente al menú otorgado.

Como medida que atenúe la problemática del expendio, afirmo el Director estudiar la implementación de grecas al interior de cada patio.

De manera totalmente opuesta a lo expresado por los Presos, el Director sostiene que el establecimiento que preside cumple al 100% con las dietas especiales que requieren personas enfermas.

4.    Estructuralmente los Presos Políticos y Sociales de Puerto Triunfo manifiestan como el Establecimiento Penitenciario de Puerto Triunfo -“El Pesebre”- fue deliberadamente diseñado y construido para hacer que las altas temperaturas de la región en que se encuentra, sea un castigo extra al de la privación de la libertad, tanto para los mismos privados de la libertad así como para sus familiares.

Esta intención se manifiesta en que, añadido a la problemática del agua, las celdas sean de 4 x 4 metros, con un confinamiento de 4 personas por celda, que deben pasar 14 horas diarias encerrados en ellas, sobre planchones de cemento que por el clima y el problema de ventilación de la estructura, hace que se calienten durante el día, conllevando a que los presos deban pasar la noche hacinados en el suelo que se torna un poco más fresco.

Durante el día, el régimen del penal obliga a que los presos estén desde las 6 y media o 7 de la mañana en el patio, en donde están ubicadas mesas metálicas que por el calor del sol, son insoportables para su uso e incluso aumentan el clima ambiente de los patios.

Además, manifiestan los privados de la libertad como las visitas deben padecer en los patios de máxima seguridad, de un salón de aproximadamente 7 x 12 metros, con solo 3 mesas y un baño, para un promedio de entre 80 y 100 personas que se reúnen ahí cada semana para realizar la visita. También deben soportar las visitas que el ingreso al penal no tiene techo alguno que cubra del sol o lluvias, así como tampoco cuentan con ningún baño para satisfacer sus necesidades fisiológicas durante el ingreso a la cárcel, que ahora debe hacerse a pie desde una distancia aproximada de 250 metros, por una prohibición hecha por la dirección para ingresar en carro hasta la entrada.

Las habitaciones destinadas a las visitas conyugales, al igual que el resto del penal, carecen de la ventilación suficiente. Además la comunicación es de muy baja calidad a criterio de los presos, además de que es muy cara, pues un minuto a celular le cuesta al detenido $300 y un minuto a larga distancia cuesta $600.

Al respecto la Dirección ha manifestando que el nuevo Alcalde del Municipio de Doradal prometió reparar y pavimentar la entrada al penal, haciéndose posible el ingreso de transportes masivos hasta la entrada del penal, sin que generen se trancones para ingresar o salir de ese lugar.

5.    Sobre la problemática de redención de penas mediante estudio y trabajo, los presos mantienen su queja referente a la presencia en el penal de Funcionarios in-idóneos, mal preparados y recargados de responsabilidad en esta materia, lo que lleva a un incorrecto tratamiento en materia de “resocialización”.

El penal sostiene que hoy se cuenta con un total de 1216 cupos para redención, con una población de 876 detenidos y un resultado de 820 cupos asignados, asignación que desmientes los presos o que consideran de baja calidad, pues existen presos con título de bachiller a los que se les asigna estudiar en el CLEI que corresponde a 1º primaria, o los mismos detenidos deben conseguir sus herramientas y materiales para trabajar en los talleres de trabajo, entre otras problemáticas presentadas.

6.    En materia de Tratos Crueles, Degradantes e Inhumanos, los Presos Políticos y Sociales reiteraron la existencia de personal de guardia y vigilancia del INPEC que sostiene un trato denigrante con la dignidad de las personas allí recluidas así como de las visitas. Esto se manifiesta los presos desde la interceptación de comunicaciones y el registro de correspondencia privada e institucional para los presos, pasando por el trato soez de la guardia para con la visita femenina o que para cualquier movimiento por fuera del penal son esposados de manos y de pies, hasta la aplicación indiscriminada de gases lacrimógenos y pimienta o la propinación de golpizas con finalidades de castigo en contra de los presos e incluso de familiares.

Por último denunciaron los presos que la muerte del joven Jhonatan Smith Arias Úsuga se debió en gran medida a la omisión del deber de cuidado de un guardia que no quiso asistirlo a pesar de la gravedad de los síntomas que presentaba el preso.

Como CSPP advertimos a la sociedad que la problemática carcelaria y penitenciaria obedece a una carencia absoluta de voluntad de parte del Estado colombiano, en garantizar el respeto a los Derechos Humanos de la población privada de la libertad, que no solamente obedece a los altos niveles de criminalidad y la priorización de la herramienta penal como única respuesta estatal a la grave situación de conflictividad social y política que padece Colombia hace décadas, que además contiene finalidades perversas como el populismo punitivo –que ofrece grandes réditos electorales a cambio de la oferta de “seguridad” encarnada en leyes más rígidas en materia penal–  y la industrialización del control del delito –que propende por la privatización del sistema carcelario y penitenciario, no bajo la lógica de los derechos, sino del mercado, con ya probados efectos siniestros contra los derechos de la población carcelaria y la sociedad en general–.

Instamos a la sociedad a que pose su mirada sobre los muros de las prisiones y su interior, en donde se encierran cientos de hechos y situaciones que vulneran los mínimos de dignidad de que goza cada ser humano.

Concretamente, frente a la situación del Establecimiento Penitenciario de Puerto Triunfo -“El Pesebre”-, manifestamos nuestra preocupación ante la evidente privación del agua y el servicio de salud, como presupuestos indispensables para la subsistencia digna de cualquier ser humano, más aún de quien se encuentra privado de la libertad y está sujeto a la voluntad estatal y/o de quienes sean sus representantes.

Nos parece inconcebible desde una perspectiva de derechos, que el agua sea limitada en su suministro por el cuidado de las motobombas del Establecimiento Penitenciario de Puerto Triunfo -“El Pesebre”-.

De igual manera el CSPP expone su preocupación por la continuidad de prácticas de Tortura, Tratos Crueles, Degradantes e Inhumanos contra la población penitenciaria y sus familias en este y otros centros penitenciarios y carcelarios.

Es de resaltar que el Establecimiento Penitenciario de Puerto Triunfo -“El Pesebre”- es uno de más de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional –ERON–, que obedecen a la aplicación del documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social mediante documento del 15 de marzo de 2004, que trazó la ‘Estrategia para la Expansión de la Oferta Nacional de Cupos Penitenciarios y Carcelarios’ que consiste en: a) un plan de construcción, dotación y mantenimiento (CDM) de establecimientos de reclusión y de complejos penitenciarios y carcelarios que generarían 21.200 nuevos cupos; y b) un plan de ampliación, adecuación y dotación (AAD) de ERON existentes, con condiciones que permiten este tipo de intervención para 3.131 nuevos cupos.

Los ERON de manera generalizada han presentado problemáticas concernientes a que su entrada en funcionamiento se lleva a cabo sin la dotación necesaria para garantizar la atención básica de la población reclusa y sin aprobación del reglamento interno, las celda y áreas comunes no cumplen con los estándares de espacio mínimo y hay insuficiencia de áreas para estudio, trabajo, recreación y visitas, sumado esto a una “cultura penitenciaria” caracterizada por la reiteración de prácticas que representan Torturas, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.

Con fundamento en todo lo anterior, el CSPP  ALERTA a los estamentos políticos y administrativos y a la sociedad en general, de la situación de vulneración y de riesgo inminente de la vida, la salud, la dignidad y la integridad de las personas privadas de la libertad en el en el Establecimiento Penitenciario de Puerto Triunfo -“El Pesebre”-.


FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS
SECCIONAL ANTIOQUIA

 
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AMENAZAS CONTRA ASORVIMM Y OTRAS ORGANIZACIONES DESPUÉS DE CONMEMORACIÓN DE LA MASACRE DE LA ROCHELA

Acción Urgente

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), la Corporación Acción Humanitaria para la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (CAHUCOPANA), la Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja (ASODESAMUBA) y la Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado del Magdalena Medio (ASORVIMM) denunciamos y alertamos sobre las sistemáticas y continúas instigaciones en contra de los-as defensores-as del Magdalena Medio.

HECHOS

I. Amenazas de muerte a CREDHOS

1. En horas de la mañana, aproximadamente hacia las 9:20 a.m. del día 13 de enero de 2012, ABELARDO SÁNCHEZ SERRANO -miembro de la junta directiva de la Corporación- salió de la Clínica San Nicolás donde adelantaba una diligencia médica con rumbo hacia la sede de CREDHOS, ubicada en la Av. 52 No. 25-49 del barrio Galán Gómez de Barrancabermeja, Santander.

2. Cuando se desplazaba por la carrera 22 en inmediaciones del barrio Torcoroma fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una moto color azul con rayas negras en el tanque y el hombre que iba como parrillero desenfundó una pistola y le apuntó en el pecho para intimidarlo y con expresiones agresivas lo conminó: “Que dejemos de estar denigrando de la fuerza pública que ya tenemos a un hijueputa guerrillero de CREDHOS encarcelado y que si es necesario si hay quedarle al resto, pues lo haremos para acallarlos; y antes de irse, dijeron: que tenía setenta y dos horas para salir de la ciudad”.

3. El compañero Abelardo Sánchez pudo observar dos personas, una quien manejaba la moto, de color trigueño con contextura corporal gruesa y vestía un pantalón jean negro con buzo blanco con rayas rojas y se cubría con un casco cerrado también negro. El otro, el parrillero, era una persona de color más moreno y más alto que el conductor de la moto, de pantalón jean azul y un buzo de color negro manga larga y de masa muscular gruesa muy similar al conductor de la moto, y entonces ellos emprendieron la huida.

II. Intento de retención y hostigamientos a campesinos-as de la ACVC y CAHUCOPANA

1. El 21 de enero de 2012, la delegación integrada por veinte campesinos-as participantes de la conmemoración de la Masacre de la Rochela, que retornaba hacia la vereda Santa Marta, jurisdicción del municipio de Remedios (departamento de Antioquia), fue interceptada por dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta, cuando atravesaban la vereda Martaná, ubicada a quince minutos de la cabecera municipal de Remedios. 2. Seguidamente, los hombres reconocidos por la comunidad como paramilitares, obligaron a bajar del vehículo a dos campesinos, entre ellos a MARIO ECHEVERRÍA integrante del equipo de apoyo de la regional nordeste antioqueño de la ACVC, sin embargo, tras la intervención de los –as campesino-as acompañantes se evitó que descendieran y que fueran raptados por los individuos.

III. Amenazas de muerte a ASODESAMUBA

1. El 23 de enero de 2012 siendo las 5:40 p.m., en la sede de ASODESAMUBA, ubicada en el barrio Torcoroma, en la ciudad de Barrancabermeja, arribó un hombre quien timbró y fue atendido por MARTHA LILIANA SIERRA ABRIL (hija de la presidenta de ASODESAMUBA, MARÍA DEL SOCORRO ABRIL CEDIEL), la cual abrió la ventana ubicada al lado de la puerta de ingreso, e identificó que el sujeto se cubría su cara con un casco de color negro, vestía pantalón jean, camiseta de rayas, de contextura gruesa, piel morena, y con acento costeño.

2. Éste le preguntó por su mamá y los escoltas, MARTHA LILIANA le contestó que no se encontraban, inmediatamente el hombre le dijo: “¿y su hermano el taxista, qué?, guerrillera, dígale que se vaya de Barranca que lo vamos a matar, a usted también y a su mamá”, MARTHA LILIANA considero que las anteriores afirmaciones eran una broma, y le contestó “já, me da risa”, a lo cual el sujeto respondió: “más risa nos va a dar cuando estén en la funeraria”, inmediatamente el hombre se retiró de la ventana y se subió a una moto que lo estaba esperando para su huida.

IV. Amenazas de muerte a ASORVIMM

El 24 de enero de 2012, a las 03: 04 p.m., LILIA PEÑA SILVA presidenta de ASORVIMM, recibió un mensaje de texto remitido del número: 320 5414755, a través del cual la amenazan de muerte, el contenido es el siguiente:

“mire vieja hp sino quiere que su foto salga al lado de esas fotos que sacan cuando realizan esos eventos de mierda es mejor que se quede quieta….porque sabemos donde se la pasa y a la próxima no le avisamos”.

CONTEXTO

La violencia en Colombia ha sido permanente, continúa, sistemática, de tal forma que la ha vivido el pueblo de generación en generación, por tal motivo nos vimos en la necesidad imperiosa de organizarnos para contrarrestar la violación de derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario. Haciendo uso del sentimiento humano de preservación de la vida y de los derechos fundamentales consignados en la Constitución Política colombiana, existen a lo largo y ancho de nuestro país organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos. El Magdalena Medio ha sido una región fuertemente golpeada por la violencia dada su ubicación geoestratégica para el accionar de las organizaciones al margen de la ley e incluso, en muchas ocasiones de la misma fuerza pública en contra de la población civil.

Las recientes amenazas e intimidaciones hechas a las organizaciones defensoras de derechos humanos en el Magdalena Medio, se producen días antes y después de la conmemoración de la masacre de la Rochela - “Que el miedo no justifique el olvido”, realizada el pasado 18 de enero de 2012 en la vereda la Rochela (municipio de Bajo Simacota, Santander), el cual contó con la asistencia de más de cuatro mil quinientas personas, autoridades y entidades de carácter regional, nacional e internacional, y en el que fueron convocantes y activos dinamizadores para su realización las organizaciones amenazadas.

El objeto de esta conmemoración no fue otro que el de la reconstrucción de la memoria colectiva para la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral de este crimen de lesa humanidad, pues tras 23 años de acontecidos los hechos de la masacre aún prevalece la impunidad. A pesar que existió un fallo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que condenan al Estado Colombiano por su acción y omisión en este caso y en el que se devela la presencia de grupos paramilitares en la región con la connivencia, participación y fomento del mismo Estado, a la fecha no se han castigado todos los participes de estos sucesos, ni se ha esclarecido con precisión la verdad.

Si bien la masacre de la Rochela sucedió hace 23 años, en la actualidad las estructuras paramilitares que desde los ochentas se disputan el control territorial del Magdalena Medio se mantienen vigentes en su actuar, en apariencia ha habido cambios en sus auto-denominaciones pero sus móviles e intencionalidades permanecen intactas. Es por ello que nos permitimos afirmar que el paramilitarismo es el autor y el ejecutor de las amenazas en contra de las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Asimismo, consideramos que estas amenazas no son hechos aislados sino que por el contrario, gozan de un carácter de continuidad y sistematicidad, por lo tanto inferimos que hace parte de un plan de exterminio en contra los-as defensores-as de derechos humanos del Magdalena Medio, que exige una atención inmediata del Estado Colombiano para garantizar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.

Persistimos en la firme decisión de promover y comprometernos en trabajar por la convivencia pacífica y una vida digna. Estamos convencidos-as que la RUTA ES EL DIÁLOGO, insistimos y resistimos para que se respeten las diferencias y vivamos a conciencia la pluralidad, elemento unificador, introduciendo en nuestras prácticas cotidianas de manera creativa y constructiva, pautas y reflexiones permanentes para aplicar y promover un mensaje de respeto, tolerancia, solidaridad y paz con justicia social.

PETICIONES

Exigimos al Estado Colombiano:

v  A la Fiscalía General de la Nación

1. Investigar de manera exhaustiva los hechos de los que fuimos víctimas, recabando todas las evidencias necesarias que permitan identificar los autores de las violaciones cometidas. Dar prioridad a la indagación e investigación penal por tratarse de un hecho que atenta contra la labor de las y los Defensores de Derechos Humanos. Aplicar eficazmente el principio de celeridad y de diligencia debida en el desarrollo de la indagación penal, acorde con las recomendaciones hechas para la investigación de los patrones de vulneración a defensores-as de derechos humanos. Atender especialmente, la Resolución 2517 (XXXIV-O 09) de la Organización de Estados Americanos –OEA, en el sentido de realizar investigaciones y procesos completos e imparciales; la adopción de medidas para que no queden impunes estos ataques; y asegurar que las denuncias sean investigadas y tramitadas de manera expedita, transparente, independiente y responsable.

2. El cumplimiento real e integral de las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con miras a garantizar a CREDHOS y la ACVC su vida, integridad y el ejercicio de su labor en pro de la defensa de los derechos humanos.

3. Garantizar el respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución Política Nacional, protocolos, tratados y convenciones ratificados por el Estado Colombiano y que gozan de carácter fundamental y vinculante.

4. Implementar de manera urgente e inmediata las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad física y el ejercicio de sus labores a todos los integrantes de CREDHOS, ACVC, CAHUCOPANA, ASODESAMUBA y ASORVIMM, así como a las demás organizaciones defensoras de derechos humanos que desarrollan trabajo en el Magdalena Medio.

5. Recordamos que la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae sobre el Estado Colombiano de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los tratados y convenios internacionales, al ser éste responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser el que adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional. Por tal razón, su mayor deber jurídico es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, y tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que estos crímenes se sigan perpetrando.

v  A la comunidad nacional e internacional:

1. Solicitamos el respaldo y acompañamiento político y solidario de las diferentes organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos en el ámbito nacional e internacional ante estas nuevas amenazas de muerte e instigaciones en contra de CREDHOS, ACVC, CAHUCOPANA, ASODESAMUBA y ASORVIMM.

2. Pedimos a la comunidad nacional e internacional que soliciten al Estado Colombiano, brindar las garantías políticas y materiales que permita a las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos realizar su trabajo, sin que se vea amenazada la vida e integridad de sus miembros. Solicitamos enviar sus pronunciamientos de respaldo a las peticiones presentadas a las siguientes autoridades:

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Presidente de la República

Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
Fax: (+57 1) 566.20.71

E-mail:  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesitas activar JavaScript para poder verla

GERMÁN VARGAS LLERAS

Ministro del Interior y de Justicia

Carrera 9a. No. 14-10 - Bogotá, D.C.

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PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820

 

VIVIANE MORALES HOYOS

Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C.

E-mail: viviane.morales@fiscalía.gov.co

 

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO

Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.

E-mail: anticorrupció  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesitas activar JavaScript para poder verla , reygon@procuraduría.gov.co


WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ

Defensor del Pueblo
Calle 55 # 10-32, Bogotá
Fax: (+571) 640.04.91

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OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE
NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101
Edificio Teleport Bussines Park – Bogotá, Colombia
Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesitas activar JavaScript para poder verla

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DDHH

E-mail:  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesitas activar JavaScript para poder verla Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesitas activar JavaScript para poder verla


 

Barrancabermeja, Enero 26 de 2011

CORPORACIÓN REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS –CREDHOS E-mail:  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesitas activar JavaScript para poder verla

ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL VALLE DEL RÍO CIMITARRA –ACVC

E-mail: asociació Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesitas activar JavaScript para poder verla

CORPORACIÓN ACCIÓN HUMANITARIA PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO –CAHUCOPANA

E-mail:  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesitas activar JavaScript para poder verla

ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS ASENTADOS EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA –ASODESAMUBA

E-mail:  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesitas activar JavaScript para poder verla

ASOCIACIÓN REGIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO DEL MAGDALENA MEDIO –ASORVIMM

E-mail:  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesitas activar JavaScript para poder verla

DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS: APOYO A LAS TAREAS QUE DESARROLLAN LAS PERSONAS, GRUPOS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS.

 
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ORGANIZACIONES EUROPEAS RECHAZAN AMPLIACIÓN DEL FUERO MILITAR EN COLOMBIA

La Oficina Internacional Derechos Humanos – Acción Colombia-  representa una red de más de 30 organizaciones Europeas. Desde su sede en Bruselas acompaña las iniciativas de la sociedad civil colombiana buscando el respeto integral de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario,  así como la salida negociada al conflicto armado.

NOTA DE PRENSA
Bruselas, 25 de enero de 2012

Próximos diálogos de DDHH entre la UE y Colombia

Que la UE pida a Colombia retirar de la reforma a la justicia la ampliación del fuero militar
• La ampliación del fuero militar contemplada en la reforma constitucional empujada por el gobierno colombiano representa una amenaza para la lucha contra la impunidad.
• La justicia ordinaria ha abierto investigaciones de más de 2.000 casos de ejecuciones extrajudiciales, algunas de ellas, archivadas por la Justicia Penal Militar.
• El director de la oficina de la ONU en Colombia consideró que esta iniciativa legislativa representa un claro “retroceso histórico”.
• OIDHACO espera firmeza de la UE porque la lucha contra la impunidad es imperativa en Colombia.

El nivel de impunidad en Colombia sigue siendo dramáticamente elevado; en muchos casos alcanza el 98%. Frente a ello el Estado colombiano debería tomar medidas contundentes. Pero allí sucede todo lo contrario. OIDHACO ve con mucha preocupación la iniciativa legislativa promovida por el gobierno colombiano para la ampliación del fuero militar. Esta reforma propone  que “en todo caso, se presume la relación con el servicio en las operaciones y procedimientos de la Fuerza Pública”. Bajo este argumento defiende que sea la justicia penal militar la que conozca primero todas las denuncias contra la fuerza pública. Numerosos miembros del ejército están siendo investigados por graves violaciones a los DDHH y parece existir una presión por parte de los militares para este cambio legislativo. Las víctimas, de convertirse en ley esta propuesta del Gobierno de Santos, no encontrarán ni justicia ni reparación.  

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los DDHH - OACNUDH, ante esta propuesta legislativa, ha afirmado que su aprobación representaría un “retroceso histórico” en Colombia. OIDHACO se suma a esta afirmación porque “la historia colombiana, así como la de América Latina, nos ha enseñado que la justicia penal militar es una herramienta para encubrir crímenes de lesa humanidad y violaciones a los DDHH”, afirma Vincent Vallies, portavoz de esta organización con sede en Bruselas.  

OIDHACO subraya que este debate se realiza precisamente cuando se están desarrollando juicios desde la justicia ordinaria por más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales contra  miembros del ejército, muchos de los cuales habían sido cerrados por representantes de la justicia militar.  Efectivamente, como lo advierte Christian Salazar Volkmann, director saliente de la OACNUDH  “dejar la revisión de posibles violaciones de DDH y del DIH primero en manos de una institución militar podría abrir de nuevo la puerta a toda clase de manipulaciones”.  

“Es una contradicción que Santos hable de viraje en su gobierno para garantizar el respeto a los DDHH y presente este iniciativa que claramente va en contra de las víctimas de las fuerzas militares. La lucha contra la impunidad es un imperativo para garantizar la no repetición de los crímenes hasta ahora realizados”, destaca el portavoz de OIDHACO.

Por tanto, nuestra organización le solicita a la UE que en los próximos diálogos que tendrá con Colombia en DDHH, demuestre firmeza ante este tema. Le solicitamos que pida a Colombia retirar de la reforma a la justicia la ampliación de fuero militar, porque este país debe respetar los estándares internacionales y adoptar medidas para asegurar que la justicia penal militar no alegue jurisdicción en casos de violaciones a los Derechos Humanos que involucran a miembros de las fuerzas de seguridad. “Desde OIDHACO no hemos visto ni avances ni muestras reales de voluntad del gobierno colombiano en la lucha contra la impunidad”, afirma Vincent Vallies, portavoz de esta organización con sede en Bruselas.

 
Vctimas

CRIMEN DEL ESTADO CONTRA EL ESTADO AÚN EN LA IMPUNIDAD

A 23 años de la masacre de La Rochela

La Masacre

"Oía el traqueteo de los proyectiles, los quejidos de los compañeros cuando las balas atravesaban sus cuerpos. Daba la sensación de estar uno bajo una granizada o que estuvieran botando manotadas de granos de maíz".
Manuel Libardo Díaz,
sobreviviente de la masacre de La Rochela

Hacia las 8:00 de la mañana del miércoles 18 de enero de 1989, una comisión judicial conformada por jueces de Instrucción Criminal, secretarios y agentes del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, llegaron a la vereda La Rochela, ubicada en el municipio de Simacota (Santander), con el propósito de investigar la masacre y desaparición forzada de 19 comerciantes en Cimitarra, así como otros crímenes perpetrados por las estructuras paramilitares del Bajo Simacota y Puerto Parra, apoyados por del Brigadier General Farouk Yanine Díaz, conocido como "el pacificador del Magdalena Medio", y miembros del Batallón Bárbula.

A poco tiempo de haberse separado del resto del equipo para recaudar pruebas en la vereda Pueblo Nuevo, tres miembros del Cuerpo Técnico fueron interceptados por un grupo de quince hombres fuertemente armados que dijeron estar al mando de "Ernesto", comandante del Frente 23 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). Se trataba, en realidad, de "Los Masetos"(1) y de Julián Jaimes Rodríguez, jefe de esta organización paramilitar en la vereda Campo Capote del municipio de Puerto Parra.

Con la promesa de aportarles importantes testimonios, los hicieron devolver al lugar donde estaba el resto de la comisión y esperar durante más de una hora al comandante "Vladimir", por quien se hizo pasar Alonso Baquero, reconocido terrateniente y comandante del grupo paramilitar "Los Gavilanes".

El engaño fue minuciosamente planeado en diferentes reuniones que antecedieron a la masacre y en las que participaron Henry de Jesús Pérez Duran y otros miembros de la Asociación de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (2) (ACDEGAM), el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, los jefes paramilitares Gonzalo Pérez, Ramón Isaza y el mismo Baquero Agudelo. "Si las autoridades caían en el engaño, y le imputaban los crímenes al grupo guerrillero, la operación se hubiera traducido en un doble golpe a favor del grupo paramilitar: habrían logrado desaparecer exitosamente la Comisión Judicial, enlodando para el efecto el nombre de su peor enemigo en la zona", afirma el grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación en su informe sobre la masacre de La Rochela. 

Tras la espera, la comisión judicial vio llegar aproximadamente a 40 hombres armados y uniformados, dirigidos por Baquero. Aún sin percatarse de la treta que les habían tendido, accedieron a entregar los revólveres que portaban y permitir que los ataran de pies y manos para trasladarlos, en sus mismos vehículos, a un lugar más seguro puesto que, según afirmó "Ernesto", el Ejército estaba cerca y podrían simular un secuestro en caso de toparse con ellos.

Habían recorrido cuatro kilómetros cuando los carros se detuvieron en un sitio conocido como La Laguna y los supuestos guerrilleros se bajaron. "Nosotros teníamos mucho miedo, estábamos muy nerviosos y la verdad es que sentíamos que algo malo nos iba a suceder. Entre los compañeros comentamos que era bueno bajarnos y dialogar con ellos a ver qué era lo que pasaba", declaró días después Manuel Libardo Díaz Navas, uno de los tres sobrevivientes.

Formados a unos 10 metros, quince hombres empezaron a disparar indiscriminadamente contra las camionetas sus fusiles Galil, R-15, sub ametralladoras y pistolas 9 mm. Después de propinarles tiros de gracia a algunos de los cadáveres, rayar los vehículos con grafitis de la organización subversiva como "fuera el MAS - fuera los paramilitares", y tomar veintitrés de los veinticinco expedientes (3)  que los funcionarios judiciales habían recogido en su recorrido por la zona; se fueron sin cumplir la orden de incinerar las camionetas con sus ocupantes dentro.

Manuel Libardo Díaz, Wilson Mantilla y Arturo Salgado sobrevivieron gracias a que simularon estar muertos y quedaron cubiertos por los restos de sus doce compañeros. Casi a las 4:00 de la tarde fueron auxiliados por periodistas de Vanguardia Liberal que iban a cubrir la noticia.

La Impunidad

Pocos días después de ocurrida la masacre se conformó una Unidad Móvil de Investigaciones con la participación de jueces de Bucaramanga y Bogotá, quienes se convirtieron en víctimas de amenazas, como ya venía ocurriendo con los testigos, los sobrevivientes, los familiares de las víctimas y sus representantes.

El expediente fue trasladado, entonces, a Pasto donde un juez dictó las primeras condenas contra dos militares y nueve paramilitares, entre ellos Julián Jaimes y Alonso Baquero, capturados el 15 de febrero en Puerto Nuevo y el 16 de agosto de 1989 en Puerto Berrío.

El teniente Luis Enrique Andrade, comandante de la base de Campo Capote, y el sargento de inteligencia Otoniel Hernández, quienes le indicaban a Jaimes Rodríguez cómo evadirse para que no fuera capturado, recibieron condenas de cinco años por "auxilio a actividades terroristas". Sin embargo la segunda instancia absolvió a Andrade y redujo la pena de Hernández a un año al condenarlo por encubrimiento.

Entre tanto a los paramilitares se les sentenció a 10, 15 y 30 años de prisión, entre otros, por homicidio agravado con fines terroristas y concierto para delinquir agravado.

Si bien los jueces que conformaron la Unidad Móvil de Investigación determinaron, un mes después de ocurrida la masacre, la responsabilidad del grupo paramilitar "Los Masetos" y su alianza con narcotraficantes, políticos, policías y militares de la región; con la captura de Baquero se desentrañó parte importante de la verdad sobre lo que en principio pareció una masacre contra el Estado y su institucionalidad judicial, y resultó ser una "masacre del Estado contra el Estado", como la llamó uno de los familiares de las víctimas.

A pesar de que en sus declaraciones Baquero implicó a los generales Farauk Yanine Díaz, Juan Salcedo Lora, Carlos Julio Gil Colorado y Alfonso Vacca Perilla, al ex congresista liberal Tiberio Villarreal y a los jefes paramilitares Ramón Isaza e Iván Roberto Duque, alias "Ernesto Báez", entre otros; el caso se fue dilatando entre los archivadores de la justicia penal ordinaria y la justicia penal militar. Algunos de los autores materiales fueron condenados, como Nelson Lesmes y Marcelino Panesso, miembros de la junta paramilitar de ACDEGAM y responsables, también, de la desaparición y homicidio de los 19 comerciantes.

No obstante, las autorías intelectuales del crimen resplandecen en la impunidad. Al político santandereano Tiberio Villarreal se le abrió investigación en agosto de 1996, pero en diciembre del 97 la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia profirió resolución inhibitoria a causa de un tecnicismo jurídico.

Ante la inercia de la justicia colombiana, el caso fue presentado al Sistema Interamericano en octubre de 1997. Luego de evaluar las pruebas, la Corte determinó que la masacre de La Rochela se ejecutó en un contexto de violencia generalizada contra funcionarios judiciales (4)  y en medio de un entorno normativo (5)  que permitió la creación y fortalecimiento de grupos paramilitares. Concluyó, además, que el Estado colombiano había violado los derechos a la vida, la integridad y libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial de las víctimas directas e indirectas de la masacre; y que durante el desarrollo de los procesos no se garantizó el acceso pleno a la justicia y al derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas.

El 11 de mayo de 2007 la Corte Interamericana condenó al Estado colombiano en el caso de la masacre de La Rochela por acción y omisión en los "hechos perpetrados por los paramilitares con la aquiescencia, colaboración y apoyo de miembros de la Fuerza Pública".

Ante la orden de la Corte de reabrir el proceso y juzgar a los autores materiales e intelectuales de este crimen, en junio de 2008 fueron llamados a indagatoria los generales retirados del Ejército Juan Salcedo Lora, Alfonso Vacca Perilla y Farauk Yanine.

El general Yanine, quien murió a finales de 2009, no sólo no alcanzó a comparecer ante las autoridades judiciales, sino que se fue sin enterarse de que el proceso no prosperó y nuevamente reinó la impunidad.

Entre tanto, los sobrevivientes de la masacre de La Rochela se ocultan de Alonso Baquero lejos de las fronteras nacionales, quien al quedar libre juró que los mataría así fuera lo último que hiciera en la vida.

Pese a la preexistencia de una condena de la Comisión Interamericana que obliga al Estado colombiano a garantizar la seguridad de los familiares de las víctimas, tras 23 años de ocurrida la masacre y de haber emprendido el camino de la lucha por la memoria y contra la impunidad, continúan recibiendo llamadas amenazantes, siendo perseguidos y amenazados, y el Estado hace caso omiso y los deja a su merced.

Dispuestos a continuar enfrentándose a la desidia estatal, los familiares entablaron una tutela que debió recorrer un extenso camino hasta la Corte Suprema de Justicia para que, finalmente, se lograra un fallo favorable a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran. No obstante, durante los últimos días han podido escucharse entrevistas radiales en las que los familiares y las organizaciones sociales que los acompañan le exigen a la Fiscalía cumplir con la determinación de la Corte, aún echada al saco roto.

La Memoria

En Colombia la violencia estatal no sólo se ha manifestado mediante asesinatos selectivos, promoción del paramilitarismo, limpieza social, masacres. También es violencia estatal la desidia y negligencia de los funcionarios frente al deseo y la necesidad de las víctimas de encontrar a sus familiares desaparecidos, de retornar a sus tierras con garantías de bienestar, de que los responsables de sus crímenes sean sancionados por ellos.

La Memoria, no como el mero acto de recordar, sino de entroncar los episodios del pasado con las luchas sociales y populares que se tejen a su alrededor, ha sido el camino recorrido por las víctimas y las organizaciones para evitar que atrocidades como la masacre de La Rochela sean enterradas bajo la tierra del olvido y se consolide como un episodio redundante en la historia nacional.

Por esta razón diversas organizaciones sociales de la región del Magdalena Medio, reivindicando los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición, invitan a un acto de conmemoración, denuncia y reconstrucción de la memoria colectiva, que aglutinará a diferentes sectores de la sociedad, las instituciones judiciales y gubernamentales y las víctimas, para no olvidar la historia y las personas que han hecho parte de ella.

Este acto conmemorativo tendrá lugar el 18 de enero de 2012 en la vereda La Rochela, Simacota, donde desde las 9:00 am hasta las 4:00 pm se les rendirá un homenaje a las víctimas de la masacre con el descubrimiento de un monumento en su honor  y el desarrollo de expresiones artísticas y culturales para mantener viva la memoria.


 

 

1. Varios de los declarantes en el proceso judicial que siguió a la masacre, contaron que el teniente Luis Enrique Andrade, comandante de la base de Campo Capote, era el jefe de "Los Masetos". En razón de estos testimonios se ordenó la captura de Andrade, quien se presentó meses después ante jueces de Barrancabermeja y dijo, en medio de la ira, que "en tanto tiempo de todos esos comandantes que han estado allá, yo soy el único caballito de montar", refiriéndose a los vínculos entre los comandantes que lo precedieron y las estructuras paramilitares.
2. De acurdo a los testimonios de algunos campesinos de la región y paramilitares capturados en los meses siguientes a la masacre, ACDEGAM tenía dos juntas: una administrativa y una paramilitar.
3. De acuerdo a las declaraciones de Alonso Baquero, el ex congresista liberal Tiberio Villareal fue el que comenzó a presionar, a través del mayor Oscar Echandía, el robo de los expedientes que cargaba la comisión porque creía que se relacionaban con la adjudicación de unos contratos públicos que él había facilitado a favor de los paramilitares de la zona.
4. El grupo de Memoria Histórica ha documentado 1.487 casos de ataques contra empleados de la administración de justicia, entre 1979 y 2009. Es decir, aproximadamente cada semana es violentado un funcionario judicial por parte de los actores vinculados al conflicto armado.
5. En la Ley 48 de 1968 se concedía a grupos privados, por ejemplo, la misión de restaurara “la normalidad” del orden central.

   

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