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ADIDA RECHAZA LA PROPUESTA DE ESTUDIANTES INFORMANTES Y CONDENA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS CONTRA EL MAGISTERIO ANTIOQUEÑO
La Junta Directiva de la Asociación de Institutores de Antioquia – ADIDA rechaza la propuesta del Presidente Álvaro Uribe Vélez de vincular a estudiantes de Medellín para que sean “informantes”
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Corporación Jurídica Libertad

DECLARACION PRELIMINAR DE LA MISION DE VERIFICACION DE PARLAMENTARIOS DEL ESTADO ESPAÑOL

Misión de verificación de la situación de Derechos Humanos en Colombia: mujeres, sindicalistas y defensores y defensoras de Derechos Humanos

Una misión de parlamentarios del Estado español compuesta por Jordi Pedret (PSC), Carles Campuzano (Convergencia i Unió) Francesc Canet (Esquerra Republicana de Catalunya), Joan Josep Nuet (Entesa Catalana), Mikel Basabe (Aralar), Inés Sabanés (Izquierda Unida) y Marián Suárez (Eivissa pel Canvi) visita Colombia del 23 al 30 de enero. Esta Misión fue organizada por la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia (Estado español).
Los integrantes de la misión nos entrevistamos con el Embajador de España en Colombia, representantes de la Iglesia Católica, Luterana y Menonita, Corte Suprema de Justicia, Consenso de Cartagena, Coordinador del Área Jurídica de la OACNUDH, MOVICE, Coordinadora de Victimas UP, Mesa Nacional de Víctimas, Asfamipaz, G-24, Colombianos y Colombianas por la Paz, Centrales obreras (CUT, CTC y CGT), Comisión de DD. HH. y Audiencia de la Cámara de Representantes, Movimiento de Mujeres, Alto Comisionado para la Paz en Colombia, Programa Presidencial de DIH y DH, Ministerio del Interior y Justicia, Fiscalía General de la Nación, Techo Común, representantes de partidos políticos y organizaciones sociales nacionales y territoriales de DD. HH. Pertenecientes a la Coordinadora Colombia-Europa-EE.UU.
Asimismo la Delegación viajó a Cali y Medellín donde se entrevistó con numerosas organizaciones sindicales, mujeres y DD. HH. y con instituciones locales y fue acompañada por la Guardia Indígena.
Agradecemos públicamente a todas las personas, organizaciones e instancias gubernamentales que nos han facilitado la realización de nuestro trabajo.
La visita de esta delegación se da en el contexto de la negociación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia, coincidiendo con el semestre durante el cual el Gobierno español ostenta la Presidencia del Consejo de la Unión Europea y la celebración, en el mes de mayo en Madrid, de la Cumbre de Jefes de Estado de América Latina y la Unión Europea. Por ello, cobra suma importancia que los Derechos Humanos en Colombia estén presentes en la agenda política española y europea.
Bajo este prisma se constituyó esta Misión de verificación que tuvo como objetivo constatar la situación de los Derechos Humanos en tres sectores de la sociedad colombiana: las mujeres, los y las sindicalistas y los y las defensoras de Derechos Humanos.
Queremos dejar constancia de que, durante la misión de verificación, los testimonios de sufrimiento de las víctimas de la vulneración de los derechos humanos nos han producido una fuerte conmoción y, en consecuencia, consideramos que ellas han de ser el objetivo preferente de las agendas nacional e internacional.
Con todo el material y la información recopilados durante esta semana, la misión procederá próximamente a la elaboración del Informe de Verificación de la situación de los DD. HH. en Colombia.
Como conclusiones primeras del trabajo de la misión, destacamos las siguientes:
1.-       En Colombia existe un conflicto social, político y armado interno que provoca la vulneración sistemática de los derechos humanos por parte de todos los agentes armados.
2.-       La población civil es la principal víctima del conflicto al ser involucrada de manera forzada y creciente por parte de las diferentes partes en conflicto. Este proceso  genera profundo sufrimiento, impotencia en la población, falta de confianza en las instituciones y, especialmente, la percepción de impunidad respecto a la violación de los derechos humanos.
3.-       La justicia resulta ineficaz debido a la inadecuación de los medios, tanto para hacer frente a las necesidades derivadas del conflicto (tales como el enjuiciamiento de los responsables de las violaciones de los DD. HH. y otros crímenes) como para la reparación efectiva de las víctimas. Por otro lado, hemos tenido conocimiento reiteradas denuncias respecto a la falta de voluntad de determinadas instancias para llevar a cabo los procesos contra responsables de las violaciones mencionadas. Igualmente, y como ejemplo significativo, la liberación de los militares acusados de ejecuciones extrajudiciales proyecta en la sociedad una imagen de impunidad ante el delito.
4.-       No se respeta  la independencia del poder judicial, eje fundamental del estado de derecho. La Corte Suprema de Justicia está siendo atacada desde instancias de gobierno y sus magistrados son sometidos a seguimiento, amenazas, control telefónico  e intentos de desacreditarlos ante la opinión pública.
5.-       Desarrollar la actividad sindical en Colombia resulta peligroso y las organizaciones sindicales y sus dirigentes sufren persecución sistemática y detenciones arbitrarias.
6.-       La mujer es utilizada como parte del conflicto por los actores armados y, así, es secuestrada y víctima de abusos sexuales.
7.-       Se estigmatiza a los defensores y defensoras de DD. HH. al acusarles de vinculación con grupos insurgentes poniendo en peligro sus vidas por el ejercicio del legítimo derecho a trabajar por los Derechos Humanos.
8.-       Asimismo, se estigmatiza y persigue a las personas miembros del colectivo LGTB.
9.-       Todas las partes en conflicto involucran a los menores en el mismo. Particularmente, paramilitares y guerrilla secuestran y reclutan forzosamente a menores.
10.-     El problema de la propiedad de la tierra no está resuelto y es un elemento central en el conflicto colombiano. Se han producido y se producen desplazamientos forzosos de la población (campesinos, indígenas y afrodescendientes) como consecuencia del conflicto armado y de los intereses de empresas transnacionales con la cobertura del gobierno colombiano.
11.-     La aplicación de la ley no está dando satisfacción a los legítimos derechos de verdad, justicia y reparación que reclaman las víctimas.
12.-     La prolongación del conflicto armado ha provocado un proceso gradual de descohesión socio-económica y aumento de las desigualdades sociales.
13.-     Las políticas gubernamentales no están siendo un instrumento eficaz en la resolución del conflicto armado interno.
Propuestas
A la vista de estas primeras conclusiones y a espera de la definitiva elaboración del Informe, los miembros de la misión formulamos las siguientes propuestas:
1.-       Instar a las partes en conflicto a cumplir las resoluciones emitidas por la ONU en relación al conflicto colombiano y a buscar una solución negociada del conflicto armado interno.
2.-       Instar al Gobierno colombiano a reconocer públicamente la existencia de un conflicto armado interno, a cumplir con su obligación de observar y defender la ley, de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos y a garantizar a todas las víctimas la justicia y la reparación.
3.-       Incorporar la discusión sobre la situación de los DD. HH. en el diálogo bilateral entre los gobiernos colombiano y español.
4.-       Vincular la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea al respeto de los DD. HH. en este país.
5.-       Comprometer a las partes en conflicto (fuerzas armadas, paramilitares y guerrilla) a no involucrar a la población civil en el conflicto, y al gobierno y las fuerzas insurgentes a propiciar el intercambio humanitario y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.
6.-       Comprometer al Gobierno colombiano en el respeto y garantía del legítimo trabajo desarrollado por los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales: sindicalistas, campesinos, indígenas, afrocolombianos, mujeres, estudiantes y periodistas.
7.-       Solicitar al Gobierno colombiano el respeto de la autonomía reconocida de los pueblos indígenas a través del reconocimiento de la autoridad de los cabildos, asegurándoles un presupuesto suficiente para sus programas de salud, producción, educación y medio ambiente.
8.-       Comprometer a la comunidad internacional y a España, en particular, en la necesidad de vincular la cooperación al desarrollo con Colombia al respeto y promoción de los derechos humanos, la paz y la cohesión socio-económica y cultural del país.
9.-       Comprometer al Gobierno colombiano en el respeto del principio de independencia del poder judicial.
10.-     Comprometer al Gobierno colombiano en un auténtico y efectivo proceso de verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto.
11.-     Comprometer al Gobierno colombiano en el desarrollo de políticas que eviten los desplazamientos forzados de la población y palien la situación de las personas desplazadas.
 
Los miembros de la misión de verificación de los derechos humanos en Colombia formulamos estas propuestas desde una posición de apuesta por el diálogo y por una salida negociada al conflicto armado interno que se vive en Colombia para conseguir la paz con justicia social reiteradamente reclamada por la población colombiana.
  
Bogotá, 29 de enero de 2010

 

EJERCITO DE COLOMBIA BOMBARDEA COMUNIDAD DE INDIGENAS EMBERAS DE CHOCO DEJANDO VARIAS PERSONAS GRAVEMENTE HERIDAS

La Asociación de Cabildos Indígenas de Antioquia OIA, denunció el bombardeo indiscriminado realizado por militares del ejército nacional, adscritos a la décima séptima brigada del ejército, con sede en el municipio de Carepa, contra la comunidad indígena embera de Alto guayabal del Resguardo de Urada, Jiguamiandó, ubicado en el departamento de Chocó.
 
De acuerdo con el testimonio de los indígenas, el día 30 de enero de 2010, en horas de la madrugada, aviones militares sobrevolaron la comunidad. Posteriormente, cerca de las dos de la madrugada, llegaron dos helicópteros que dispararon ráfagas de fusil y bombas contra la comunidad. Una de dichas bombas cayó en una de las casas donde se encontraban cinco personas, cuatro de las cuales resultaron gravemente heridas, entre ellas un niño de apenas veinte días de nacido. Además, todos los cultivos sembrados por la comunidad para la alimentación de las familias fueron destruidos.
 
Esta comunidad ha sido agredida en otras ocasiones por todos los actores armados que operan cerca a sus territorios tradicionales. Recientemente habían regresado de un desplazamiento forzado del cual fueron víctimas. También es importante resaltar que el resguardo de Urada Jiguamiando está siendo intervenido por el megaproyecto denominado Batolito de Mandé, en donde la compañía minera la Muriel Mining Company, de Estados Unidos, tiene varias concesiones mineras otorgadas por el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental para la explotación en territorios sagrados de los pueblos emberas. Desde hace varios meses los indígenas han exigido el respeto de sus derechos territoriales vulnerados por la empresa que ha pretendido ingresar violentamente con el apoyo de la fuerza pública.
 
Los indígenas han denunciado que “La resistencia de las comunidades ubicadas en el resguardo y áreas del proyecto minero ha generado señalamientos y hostigamientos por parte de la Empresa La Muirel y del ejército en varias oportunidades. Es así como, el Gobierno Nacional desde su política de seguridad democrática sin ningún mínimo de respeto viene impulsando el establecimiento de batallones y tropas del ejército en los territorios indígenas, afectando la política de autonomía, los sitios sagrados y generando zozobra, teniendo en cuenta que han ido a hacer daños en los cultivos de las comunidades indígenas, limitando la cacería y la pesca, restringiendo el tránsito en sus propios territorios, haciendo deforestación de los bosques como en el cerro YU (piedra amoladora) en cabeza del batallón Número 15; así como muchos comuneros indígenas han sido violentados en su integridad física”.
 
Esta acción nos confirma que hay intenciones de desplazar a estas comunidades para abrir paso estratégicamente a las compañías mineras que tienen concesiones y que según ellos son sus derechos.
 
La OIA rechaza ha calificado este hecho como un acto de barbarie de la Fuerza Pública contra los pueblos indígenas que viola el sistema internacional de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. Hasta el momento el ejército no ha dado ninguna explicación al respecto. Además la OIA ha exigido que:
 
 
1.     Se nombre una comisión que visite el lugar de los hechos para que hagan la verificación respectiva. Esta debe estar compuesta por CRUZ ROJA INTERNACIONAL, LA OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU, ACNUR, DEFENSORIA DEL PUEBLO y nuestras organizaciones hermanas como la ONIC y otras organizaciones regionales.
 
2.     Que se investigue a los mandos del ejército que dieron orden de este bombardeo a las comunidades indígenas y se haga justicia.
 
3.     Reparación inmediata de los daños morales, físicos, culturales y comunitarios ocasionados por la acción violenta.
 
CONTRA LAS POLITICAS DE EXTERMINIO, RESISTENCIA Y VIDA
ORGANIZACIÓN INDIGENA DE ANTIOQUIA O.I.A
CONSEJO DE GOBIERNO INDIGENA

 

IMPUNIDAD PROBLEMA ESTRUCTURAL NO COYUNTURAL

La opinión pública ha podido conocer la libertad provisional que viene siendo concedida a los militares investigados por el secuestro, desaparición forzada y posterior homicidio de los jóvenes del municipio de Soacha en marzo del año 2008, y con ello las explicaciones del ejecutivo que responsabiliza a los funcionarios judiciales por estas determinaciones, afirmando que se trata de funcionarios incompetentes que no han tenido la capacidad de adelantar con la celeridad requerida las investigaciones, en igual sentido se ha referido a los jueces de control de garantías para los que ha solicitado al Consejo Superior de la Judicatura la apertura de investigaciones disciplinarias. 
 
Los señalamientos provenientes del ejecutivo, evidencian la cada vez más desdibujada independencia judicial y la entelequia de la separación de poderes públicos en nuestro país, visualiza la inoperancia de la sistémica penal que fue introducido a nuestro país con la promesa de ser la solución a la impunidad y la congestión que presentaban los despachos judiciales.
 
El sistema ha demostrado ser eficiente para investigar, juzgar y sancionar penalmente a las personas que son capturadas en flagrancia, las cuales en la mayoría de los casos deciden terminar sus procesos bajo las figuras jurídicas del allanamiento a la imputación y los preacuerdos; pero así mismo se ha evidenciado su inoperancia para adelantar la acción penal en los casos que exigen de investigaciones rigurosas. Es así que el sistema penal se ha dedicado a perseguir los delitos cometidos por los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad, mientras los delitos de “cuello blanco”, así como las violaciones a los derechos humanos reposan en las estanterías de los fiscales sin que se vislumbre  asomos de justicia. Son los procesos adelantados para investigar y sancionar los autores de los delitos de poca trascendencia social los que alimentan las estadísticas oficiales que pretenden demostrar el éxito en la aplicación del nuevo sistema de enjuiciamiento.
 
La razón de esta situación no es posible encontrarla en la formación de los funcionarios judiciales, sin desconocer que existe, pero el problema es estructural; en nuestro país atendiendo requerimientos foráneos se implementó un sistema judicial sin generar las condiciones para su aplicación;  se pretende descongestionar los despachos judiciales y no se asignan los suficientes fiscales para dirigir las investigaciones, ni los jueces que puedan adelantar adecuadamente las causas penales. Evidentemente existe un problema de sobresaturación laboral, donde los funcionarios están dedicados a atender los procesos que aún quedan del sistema de juzgamiento anterior y los del nuevo sistema, esto ha dado lugar a que escasamente puedan tramitar los abundantes casos que a diario llegan por capturas en flagrancia.
 
Igual problemática se puede predicar con los funcionarios de policía judicial y del Instituto de Medicina Legal, responsables de recaudar los medios probatorios, pues a pesar de que el sistema judicial ordena llevar a cabo la investigación en un término de treinta días, existe limitación en el número  de estos funcionarios, lo que genera un represamiento de las investigaciones.
 
El Estado colombiano no proporciona a la rama judicial los medios necesarios, para evitar que casos como los de las ejecuciones extrajudiciales queden en la impunidad, al no proporcionarle los recursos técnicos, logísticos y de investigación; por lo que el vencimiento de términos en el caso de los homicidios de los jóvenes de Soacha, será  la constante en todos los procesos por crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos, lo que deviene un una denegación de justicia para las víctimas.
 
La problemática que afronta nuestro sistema judicial responde a una intencionalidad política, pues la inoperancia del aparato de justicia y la impunidad consustancial a ella, es funcional al Estado, garantiza que los graves casos de violación a los derechos humanos no sean esclarecidos, así como la responsabilidad de los funcionarios públicos involucrados en estos crímenes, y es precisamente lo que podría dejar en la impunidad los delitos cometidos por agentes estatales en contra de ciudadanos inermes.
 
Son  estas problemáticas estructurales  las que vienen generando la libertad provisional de los militares; mientras las mismas no sean resueltas,la impunidad será la constante en los procesos que demanden una rigurosa actividad investigativa.
 
A esta problemática estructural, se suma el hecho de que en las recientes decisiones judiciales, en las que se concede la libertad provisional a los militares, se evidencia el éxito de una estrategia auspiciada desde el Ministerio de Defensa, mediante la cual un grupo de abogados se han ocupado de realizar maniobras evidentemente dilatorias, creando talanqueras que impiden que los procesos avancen hacia la administración de justicia, y con ello generando los vencimientos de términos que obligan a la concesión de la libertad provisional de los militares investigados.
 
Finalmente preocupa que para satisfacer  a una opinión pública se opte por el recorte de derechos y garantías fundamentales de las personas privadas de la libertad, no será extraño que en los próximos días el ejecutivo  expida una normatividad que amplíe los términos para el otorgamiento de la libertad provisional por su vencimiento ó se deniegue tajantemente esta salvaguarda procesal, y mientras el debate se centra en garantizar que “la delincuencia” no recobre la libertad, los problemas estructurales del sistema judicial Colombiano que permiten la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, continuaran sin solución.
 
 
Corporación Jurídica Libertad
 
26 de enero de 2010
 
 
Carrera 47 # 53 - 45 Ed. Vicente Villa Piso 8
Medellín , Antioquia ,
Colombia
57 (4) 231 83 55
57 (4) 231 83 55
 

 

ASESINADO ALEXANDER PULGARIN. LIDER COMUNITARIO DE CORPADES. TESTIGO EN EL PROCESO CONTRA EL PARAMILITAR ALIAS MEMIN

COMUNICADO PÚBLICO
 
ASESINADO ALEXANDER PULGARÍN, LÍDER POLÍTICO Y SOCIAL DE CORPADES
CRÓNICA DE UNA MUERTE MÁS QUE ANUNCIADA
 
NuestraCorporación denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, que otro de nuestros líderes fue asesinado por el paramilitarismo, el día 20 de diciembre en las horas de la tarde, en el barrio Caicedo de la Comuna 8 de Medellín.
Alexander Pulgarín a quien cariñosamente sus amigos conocíamos como “La Pipa”, era uno de los testigos claves en el proceso que se le adelanta al paramilitar alias “Memín”; igualmente era líder reconocido en la Comuna 8 y en el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, donde actualmente cursaba sus estudios; así mismo era un activista político del Polo Democrático Alternativo, y como tal, participó en las elecciones del 2007 como candidato al Concejo de Medellín por esta organización política. 
CORPADES, desde hace más de un año venía solicitándole al Gobierno Nacional la implementación de medidas de protección para nuestro compañero, que al momento de su muerte, sólo contaba con un escolta y por amenazas contra su vida, se vio en la necesidad de refugiarse desde hace más de cinco meses en la sede de CORPADES; cabe recordar, que hace menos de un mes se realizó una reunión en Medellín, donde el Gobierno Nacional se comprometió a implementar medidas de seguridad para la protección de Alexander y demás miembros de nuestra organización, las cuales nunca se efectuaron por la irresponsable negligencia de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior en cabeza de su director Rafael Bustamante.                    
Rechazamos categóricamente este vil asesinato y planteamos los siguientes interrogantes, que de antemano sabemos no serán resueltos por esta institucionalidad de papel que prefiere pactar con el paramilitarismo y la mafia, antes que con quienes combatimos desde lo público a estos mercenarios asesinos. 
 ¿Por qué si la Alcaldía de Medellín y el Gobierno Nacional sabían del peligro que corría Alexander Pulgarin, no hicieron nada para preservar su vida?
¿Por qué nunca se cumplieron las medidas de seguridad que el ex –secretario de Gobierno de Medellín Jesús Ramírez había pactado con nuestra institución?
¿Por qué extrañamente el señor Alcalde Alonso Salazar, nunca le ha importado la grave situación de seguridad que viene afrontando la Comuna 8, y más bien se dedica a desvirtuar todas las denuncias que CORPADES, ha realizado públicamente y en sendas cartas enviadas a su despacho y al del señor Jesús Ramírez?      
¿Qué motiva al Alcalde Alonso Salazar, a no enfrentar de manera decidida al paramilitarismo de la Comuna 8 y más bien dedica los esfuerzos de su administración a pactar con paramilitares reconocidos de ese sector de la ciudad bajo los llamados pactos de convivencia, léase de conveniencia?
¿Qué podrá decir ahora el señor Coronel Martínez, comandante de la Policía Metropolitana, quien es uno de los abanderados de los pactos de conveniencia, cuando en ese sector de la ciudad fue asesinado además de Alexander Pulgarin, un agente de la Policía?  
¿Qué mentira se inventara la institucionalidad de esta ciudad para justificar el asesinato de nuestro compañero?
Ante estos graves hechos solicitamos:
  1. A la Procuraduría General de la Nación a que habrá investigación disciplinaria contra los funcionarios públicos que por negligencia y omisión no implementaron las medidas de protección acordadas en la reunión realizada en Medellín.
  2. A la Fiscalía General de la Nación a realizar una investigación seria y responsable sobre este crimen para qué el mismo no quede en la impunidad, no sin antes recordarle que los asesinatos de Judith Adriana Vergara y Victor Hugo Gallego, siguen en la total impunidad.
Además exigimos:
Que la Administración Municipal en cabeza del Alcalde y el comandante de la Policía Metropolitana, no sigan implementando los Pactos de conveniencia, ya que los mismos no son más que la pactación con los paramilitares y mafiosos de esta ciudad, lo que acrecienta la impunidad y fortalece la ilegalidad para-mafiosa, lo que menoscaba esta precaria democracia, además que dejen la cobardía y construyan con la institucionalidad y los ciudadanos y ciudadanas de Medellín, un pacto democrático que desmonte el proyecto para-mafioso de extrema derecha que controla la periferia y centro de la ciudad y los acuerdos con la ilegalidad.
 Medellín 2009-12-21
 
 
LUIS FERNANDO QUIJANO MORENO
PRESIDENTE CORPADES
CELULAR: 3128710191

   

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CAMPAÑA POR EL TRASLADO DEL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS WINSTON GALLEGO PAMPLONA

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