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PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN
Septiembre de 2010

Las organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y universitarias abajo firmantes, manifestamos:

Actualmente, miles de ciudadanos y ciudadanas de Medellín, viven bajo el miedo y la zozobra y son conminados a desarrollar su vida, bajo las condiciones del poder autoritario que les imparten organizaciones paramilitares e ilegales.

Principal

Corporación Jurídica Libertad

BOLETIN DE DERECHOS HUMANOS SEMILLAS DE LIBERTAD

Mié - 31 Mar Escrito por CODEHSEL

EDITORIAL

“Los derechos humanos, por definición,

tienden a ser universales.

Aún cuando, su característica más universal

es su violación universal.” (Lienemann)

Los derechos humanos siguen estando al orden del día en todas las noticias del mundo y de Colombia en particular, pero no precisamente por su reconocimiento, sino por su vulneración y desconocimiento sistemático que deja miles de víctimas asesinadas, desaparecidas, o en condiciones de total indignidad, en países que cínicamente se siguen nombrando como democracias o Estados de derecho estables y comprometidos con el sistema internacional de protección de las garantías ciudadanas. El discurso de los derechos humanos se amplía en su reconocimiento constitucional, pero a la vez se banaliza su aplicación, quedando reducidos los mismos a normas que se pisotean y se desconocen sin que haya mecanismos efectivos que sancionen a los Estados y sus gobiernos por su incumplimiento.

Colombia, insistimos, es un buen ejemplo de lo dicho. En desarrollo de la “democracia más establece del continente” se han cometido más de cincuenta mil crímenes políticos o de Estado en las últimas tres décadas. Miles de desaparecidos, asesinados, desplazados y el exterminio de un partido político, pese a tener gobiernos civiles, muchas más víctimas que en las dictaduras militares del cono sur. La llamada seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez permitió que en los últimos seis años se cometieran más de tres mil ejecuciones extrajudiciales en el país. Las fuerzas militares – mal llamados héroes de la patricia – son responsables de masacres como la ocurrida hace cinco años, el 21 de febrero de 2005, y en la cual fueron cruelmente asesinadas ocho personas, entre ellas tres menores de edad pertenecientes a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Justamente en este primer boletín haremos memoria de estas víctimas y de los mecanismos del horror implementados por el actual gobierno para garantizar el silencio y la no contradicción a sus políticas autoritarias.

La realidad no ha cambiado a pesar del mal llamado proceso de desmovilización. Así lo reconoce Human Rights Watch en su reciente informe Herederos de los Paramilitares: La Nueva Cara de la Violencia en Colombia, al señalar que:

“Si bien existen diferencias entre las AUC y los grupos sucesores, estos son en muchos sentidos una continuación de algunos de los “bloques” o grupos paramilitares. Según informó la policía, casi todos los líderes de los grupos sucesores son jefes de las AUC de rango medio que nunca se desmovilizaron o que continuaron participando en actividades delictivas pese a que aparentaron haberse sumado a la desmovilización. Los grupos se encuentran activos en muchas de las mismas regiones en las cuales tenían presencia las AUC, y operan en forma similar a estas: controlan territorios mediante amenazas y extorsión, participan en narcotráfico y otras actividades delictivas y cometen abusos generalizados contra civiles.

“El surgimiento de los grupos sucesores era predecible, en gran parte debido a que el gobierno colombiano no desmanteló las estructuras criminales de las AUC, ni sus redes de apoyo económico y político durante las desmovilizaciones”.[1]

Este contexto de sistemática y permanente violación de los derechos humanos, la comisión de crímenes contra la humanidad y la persecución a la labor de defensa de los derechos humanos, nos motiva a seguir en la denuncia para darle a conocer al mundo esta realidad. Por ello nos hemos propuesto realizar este Boletín trimestral SEMILLAS DE LIBERTAD, que inicialmente será virtual, con el propósito de evidenciar la violación de los derechos en Antioquia, pero también las luchas y resistencias de los diferentes sectores sociales que insisten en la construcción de la sociedad diferentes, que reconozca la dignidad humana y haga posible una nación democrática con igualdad de derechos para todas y todos.

Bienvenidos y bienvenidas, entonces a este primer número que abordará la memoria de las víctimas de la masacre del 21 de febrero en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, así como la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las mujeres. Esperamos que lo lean y nos hagan los comentarios respectivos.

LEER BOLETIN COMPLETO: BOLETIN MARZO.pdf

[1] Human Rights Watch. Herederos de los Paramilitares. Febrero de 2010. Web Site Address: http://www.hrw.org

LA "OBJETIVIDAD" DE MIGUEL ANGEL MORATINOS

Mié - 17 Mar Escrito por COLICHE

El Colectivo de Solidaridad por la Justicia y Dignidad de los Pueblos (COLICHE), cuestiona las palabras del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Estado Español, quien recientemente elogio y calificó de “extremadamente positiva” la gestión del actual gobierno colombiano, pasando por alto los graves hechos de violación de derechos humanos que suceden en el país y que comprometen la responsabilidad del actual gobierno. Es importante recordar que el señor Moratinos, en su calidad de Ministro, ha impulsado la entrada de empresas españolas a Colombia, las cuales hoy controlan grandes sectores de la economía como es el caso de las telecomunicaciones.

Colectivo de Solidaridad por la Justicia y Dignidad de los Pueblos (COLICHE)

15-03-2010

El pasado 9 de Marzo en una sesión del pleno del Senado el señor Miguel Ángel Moratinos, en respuesta al senador Nuet, aseveró que "si hacemos un balance del mandato del presidente Uribe, siendo objetivos, podemos decir que es extremadamente positivo".

Es obvio que esta afirmación, al introducir el término "objetivo" pretende eliminar toda posibilidad de discrepancia, tachando de subjetivo - y por lo tanto no merecedor de credibilidad - toda opinión contraria.

De esta forma tan diplomática el señor Moratinos descalifica a quienes pensamos que el modelo de "seguridad democrática" implantado por el régimen del presidente Álvaro Uribe Vélez en Colombia, dista mucho de ser un conjunto de "luces y sombras" tal y como expresó el señor ministro.

Ciertamente se nos hace imposible ver la democracia, la seguridad y por lo tanto la luz, en este oscuro periodo de la historia colombiana.

Haciendo un breve repaso podemos recordar la forma de elección del segundo mandato presidencial, conseguido a través de la prevaricación. Podemos continuar hablando de los más de 93 congresistas acusados de parapolítica (más de la tercera parte del Congreso), todos de partidos que apoyan al presidente Uribe. Y para finalizar mencionar el acoso que el presidente Uribe y su Gobierno han llevado a cabo contra la Corte Suprema de Justicia.

Según el informe del año 2009 del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos estos acosos "pudieron haber socavado la independencia de la rama judicial".

Hasta aquí el concepto de Democracia que defiende el Gobierno de España.

Seguridad: Atendiendo siempre al informe antes mencionado "miembros de la Fuerza Pública continuaron utilizando las facultades de inteligencia del Estado para desarrollar operaciones ilegales y clandestinas en contra de sectores sociales y políticos críticos del Gobierno".

Estas actuaciones de lo que en Colombia se denomina inteligencia preventiva llevaron a someter a vigilancia a miembros de la Corte Suprema, a un Relator Especial de Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta a la propia oficina de Naciones Unidas en Colombia. Respecto a esto, el informe dice "Estas acciones, en muchos casos, tenían como objetivo neutralizar las labores desarrolladas por las víctimas, a quienes se consideraba "blancos legítimos" por ser potenciales opositoras de las políticas gubernamentales".

Esta política de estado ha llevado a criminalizar a sindicalistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas, etc.

Otro aspecto importante de la seguridad de este gobierno han sido las ejecuciones extrajudiciales.

Presionados por la necesidad de presentar resultados positivos de la Seguridad Democrática el ejército colombiano asesinaba a civiles. Hasta ahora la Fiscalía había asumido al menos "la investigación de 1.273 casos, con un total de 2.077 víctimas (?) en 29 departamentos. Estas cifras confirman que las presuntas ejecuciones no eran hechos aislados"

Si a esto unimos:

· el continuo aumento de desplazados por el conflicto (más de 4 millones de colombianos/as);

· las cifras "incompletas y segmentadas" de violencia sexual que se disparan en los últimos años;

· los 10.545 casos de tortura investigados en la Fiscalía (pese a que "Colombia sigue sin contar con una fuente confiable de cifras oficiales (?) Los datos existentes no parecen reflejar ni la magnitud del problema ni su real impacto");

· las más de 15.000 desapariciones forzadas, casi todas en la impunidad, con que cuenta Colombia (olvidando el subregistro); etc, etc,

...nos daremos cuenta del concepto de seguridad propugnado por nuestro ministro de Asuntos Exteriores.

Ni tan siquiera las cifras ofrecidas por el Gobierno Colombiano en su lucha contrainsurgente son ciertas. Si se suman las cifras dadas por el gobierno Uribe de guerrilleros dados de baja, desmovilizados y capturados, podremos darnos cuenta que nunca los movimientos insurgentes colombianos tuvieron tantos/as seguidores/as entre sus filas.

No, señor Moratinos. Usted no tiene información objetiva. Usted sólo tiene información de un gobierno al que ayuda a blanquear sus alarmantes cifras de violaciones de Derechos Humanos y del que se hace cómplice con su política de tolerancia, apoyo y voluntaria ceguera.

6 DE MARZO DE 2010: DIA INTERNACIONAL DE LAS VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO

Lun - 08 Mar Escrito por MOVICE

Nuevamente el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado ha decidido salir a la calle, para expresar a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional que seguimos unidos y unidas luchando para hacer posible los derechos de verdad, justicia, reparación integral y no repetición.

Como en años anteriores, el 6 de marzo se convierte en una fecha emblemática, que le recuerda al mundo la tragedia que ha vivido Colombia en las últimas décadas, donde miles de personas fueron objeto de crímenes atroces como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, torturas, genocidio, entre otras. El 6 de marzo es el día especial de la Memoria Histórica, día en que rendimos un homenaje a nuestra víctimas e invitamos a la sociedad a no olvidarlos, a recuperar su dignidad y a exigir que Nunca Más se cometan estos crímenes contra la humanidad.

Pero, dolorosamente, llegamos este día para denunciar que estos crímenes se siguen cometiendo y que el Estado colombiano mantiene políticas, métodos y estrategias que lo permiten. Para denunciar que políticos, empresarios, soldados, policías y paramilitares, siguen unidos generando terror en muchos lugares del departamento para garantizar intereses personales de expropiación de tierras y de los recursos naturales. Pero además, estamos aquí para denunciar que todos estos crímenes siguen en la absoluta impunidad. Amparados en la llamada seguridad democrática se siguen desconociendo los derechos y negando la posibilidad de una paz y una democracia verdadera.

Esta realidad de negación de derechos se hace evidente en hechos tales como:

1. Desde el año 2002 a la fecha 836 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en el departamento de Antioquia por miembros de la fuerza pública, que luego presentaron a las víctimas como guerrilleros muertos en combate. Mujeres, hombres, niños, niñas y jóvenes, fueron asesinados con el único fin de presentar resultados positivos de la seguridad democrática y para obtener beneficios económicos o laborales. Aunque algunos militares han sido sancionados por estos hechos, la mayoría de los casos sigue en la impunidad y el gobierno nacional se niega a reconocer su responsabilidad.

2. La ciudad de Medellín sigue siendo evidencia del control social del paramilitarismo asociado con el narcotráfico. Seis estructuras criminales se disputan el dominio total, entre ellas tres coligadas a la Oficina de Enviagado, anteriormente comandada por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna. Para mantener dicho control se sirven de más de 200 grupos de jóvenes o combos que están obligados a acatar los órdenes de los llamados “patrones”, cuentan con armas de corto y largo alcance, y además son responsables de más de 2.100 asesinatos cometidos en las comunas en el 2009. En lo que va corrido de este año ya son más de 200 personas asesinadas. Esta situación se enfrenta con medidas que niegan los derechos y siguen poniendo en riesgo a la población civil como la propuesta de estudiantes informantes en la ciudad; o mediante pactos de convivencia “que pone a depender la garantía del derecho a la vida en los propios criminales y que además, deja intactas sus redes económicas basadas en el tráfico de drogas de uso ilícito, el expendio de alucinógenos, la extorsión, la trata de personas para la prostitución, y la utilización de menores de edad en dicha actividad”.

3. Se mantiene la política de persecución a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, mediante amenazas, hostigamientos y persecución a sus líderes. Pese a que la justicia tiene pruebas que involucran a altos mandos de la brigada XVII en la masacre del 21 de febrero de 2005, en la que fueron asesinadas ocho personas, entre ellas tres niños, aún ninguno ha sido condenado por estos hechos. Además el alto gobierno, en cabeza del presidente Álvaro Uribe Vélez, se niega a reconocer su responsabilidad cuando quiso desviar la investigación y pretendió ocultar las claras evidencias de la respetabilidad de la fuerza pública en estos hechos. Por el contrario, el ejecutivo patrocina una campaña de desprestigio contra la Comunidad valiéndose de desmovilizados de la guerrilla y del paramilitarismo que están dispuestos a retorcer la verdad con el único fin de acceder a beneficios jurídicos y económicos.

4. El movimiento de derechos humanos y de víctimas sigue siendo señalado, estigmatizado y perseguido en todo el país. En el caso de Antioquia se mantienen informes de inteligencia y procesos judiciales contra defensores de derechos humanos reconocidos en la ciudad. Nuestro compañero Winston Gallego Pamplona continua injustamente privado de la libertad en la cárcel de alta seguridad de La Dorada, donde adicionalmente debe enfrentar amenazas y riesgos contra su vida, sin que las autoridades penitenciales quieran atender su situación. Además, en el último mes se conocieron amenazas de vida contra Bayron Ricardo Góngora, abogado de la Corporación Jurídica Libertad y representante de víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

5. Las Comunidades del Bajo Cauca y del oriente antioqueño continúan denunciando atropellos contra los campesinos de la región por parte de la fuerza pública, que ponen en riesgo su vida, su seguridad e integridad personal.

6. Las víctimas de la Comuna Trece de Medellín siguen esperando que se avance en mecanismos de búsqueda de sus seres queridos desaparecidos forzadamente en desarrollo de la Operación orión en el 2002. Pese a que los jefes paramilitares han denunciado al general retirado Mario Montoya Uribe como uno de los responsables de los hechos, la justicia no avanza en la investigación y por el contrario él sigue en un cargo diplomático en total impunidad, mientras que las familias deben enfrentar nuevos hechos de violencia y persecución en sus barrios.

7. La ley 975 de 2005, falsamente llamada de “Justicia Y Paz” ha demostrado su rotundo fracaso en el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Hasta la fecha los paramilitares han reconocido una verdad a medias, señalando a unos pocos políticos y militares de los hechos, pero ocultando las estructuras criminales que conformaron altos mandos del ejército, empresarios y políticos. Han reconocido genéricamente su responsabilidad en miles de asesinatos y desapariciones forzadas, pero se niegan a esclarecer qué paso con las víctimas, se niegan a decir dónde están los desaparecidos, se niegan a devolver las tierras y bienes robados. A la fecha ninguno de los postulados en justicia y paz ha sido condenado por los crímenes confesados. Este es el caso del jefe paramilitar del Magdalena Medio Ramón Isaza, que sigue empeñado en negar su responsabilidad en la desaparición de 16 campesinos de la vereda La Esperanza de Carmen de Viboral y no ha entregado ningún dato que permita avanzar en su búsqueda.

8. Las investigaciones sobre parapolítica en Antioquia están estancadas, no avanzan y poco se ha esclarecido sobre el hecho cierto de que paramilitares, narcotraficantes y políticos se unieron para gobernar y posicionar su proyecto criminal en el departamento. Por el contrario, la coyuntura electoral ha estado marcada por denuncias sobre corrupción, fraude y presencia de amigos y familiares de los parapoliticos sustituyéndolos en el cargo. Además, candidatos de todos los partidos defienden la seguridad democrática como un bien jurídico que debe mantenerse como política de Estado, pretendiendo desconocer que ella es la causante de cientos de crímenes y violación sistemática a los derechos humanos y que se trata de una política de guerra que perpetúa el conflicto y militariza la sociedad.

Por todo lo anterior, estamos llamando a la sociedad antioqueña para que “Escuche la voz de las víctimas” y se una a su justo reclamo de verdad, justicia y reparación integral.

Estamos llamando a rechazar las prácticas criminales y desconocedoras de los derechos humanos propiciadas desde el mismo Estado.

Estamos llamando para que se unan en el rechazo a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y en general todos los crímenes contra la humanidad.

La democracia en Colombia sólo puede empezar a ser una realidad cuando se reconozcan, entre otros, los derechos de las víctimas y se avance en políticas que garanticen la no repetición de los crímenes.

PROCLAMA 6 DE MARZO DE 2010

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

Capítulo Antioquia

6 de Marzo de 2010

CONTINUA VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO POR PARTE DEL EJERCITO ADSCRITO A LA CUARTA BRIGADA

Vie - 26 Feb Escrito por CJL

Campesinos de las veredas La Cristalina, El Porvenir, El Roblal, El Cocuyo y El Retiro, que conforman el Cañón del Melcocho ubicado entre los Municipios de Carmen de Viboral y Cocorná, en la subregión del Oriente Antioqueño, denuncian ante organismos nacionales e internacionales, la constante vulneración de sus derechos fundamentales por parte de efectivos del Grupo de Caballería Mecanizada Nº4 “Juan del Corral” (GMJCO) adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, desde el mes de Diciembre de 2009.

HECHOS

1. Soldados pertenecientes a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en compañía de cuatro reinsertados de grupos armados al margen de la ley, vienen sembrando minas antipersonales y organizando caletas con armas en los territorios de las comunidades del Cañón del Melcocho, con el fin de obtener privilegios y beneficios a raíz de los supuestos hallazgos. Esta práctica violatoria de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, configura una nueva modalidad de “falsos positivos” llevado a cabo por las Fuerzas Militares en su búsqueda de resultados y efectividad.

2. Las comunidades que habitan el Cañón del Melcocho afirman categóricamente, que en las zonas donde el Ejército y los reinsertados están realizando la siembra de minas antipersonales son zonas en las cuales se conoce que no existe la presencia de este tipo de armas ni el tránsito de la guerrilla; por el contrario, dichos lugares son áreas con un gran potencial en recursos hídricos y mineros que se presume prontamente serán explotados por poderosas empresas interesadas en este tipo de recursos.

3. Durante los meses de Diciembre de 2009 y Enero de 2010, soldados del Grupo de Caballería Mecanizada Nº4 “Juan del Corral” (GMJCO), se encuentran realizando retenes y control de alimentos a los habitantes de las cinco veredas del Cañón del Melcocho, con el argumento de que una determinada cantidad de víveres va dirigida a la guerrilla. La ejecución de dicha práctica no es nueva, por el contrario es constante y reiterativa en los últimos años.

4. No obstante la presencia de los retenes militares en la zona, es evidente el tránsito de personas ajenas y extrañas a las veredas que actúan bajo la aquiescencia de los militares, quienes ingresan insumos y material destinados a la fabricación de minas antipersonales y posiblemente destinados a laboratorios para la producción de coca.

5. Esta serie de situaciones ha traído como consecuencia la estigmatización y el señalamiento de las comunidades del Cañón del Melcocho como miembros o colaboradores de la guerrilla o delincuencia organizada, poniendo en riesgo la integridad personal de cada uno de los habitantes de la zona que han permanecido y resistido en el territorio y que no han optado por el desplazamiento a pesar de las reiteradas agresiones del Ejército durante los últimos siete años, dentro de las cuales se registran insultos, lesiones, acceso carnal violento, hurto de ganado y ejecuciones extrajudiciales.

6. En razón de ello, desde el 8 de febrero de 2010, uno de los habitantes del Cañón del Melcocho ha recibido amenazas contra de su vida por el intento de denuncia de las agresiones llevadas a cabo por el Grupo de Caballería Mecanizada Nº4 “Juan del Corral” (GMJCO) adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional. La persona que realiza estas amenazas ha sido identificada por habitantes del Cañon del Melcocho y manifiesta actuar de manera coordinada con integrantes de esta unidad militar.

Los hechos acaecidos desde el mes de diciembre de 2009 en el Cañón del Melcocho, se enmarcan dentro de la práctica sistemática de violación de derechos humanos de las comunidades campesinas en la subregión del Oriente Antioqueño por parte de las Fuerzas Militares durante los últimos siete años, circunstancia que desvirtúa la presunción de ser un hecho aislado.

Reafirmamos, que en primera instancia sobre el Estado Colombiano recae la responsabilidad de la protección de los Derechos Humanos, como bien lo prescriben las disposiciones constitucionales y los tratados y Convenios internacionales, toda vez que éste se erige como el sujeto responsable de velar y garantizar el cumplimiento de lo consagrado en la Constitución Política de 1991, y por ser el que adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y derechos internacional humanitario ante la comunidad internacional. Debido a ello, su mayor deber jurídico es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que estos crímenes se sigan perpetrando.

Llamamos a la solidaridad de personas y organizaciones nacionales e internacionales, comprometidas con la defensa y promoción de los derechos humanos, para que se pronuncien en relación con estos hechos y exijan del Estado colombiano tomar las medidas necesarias para investigar los hechos, establecer las sanciones y garantizar la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes del oriente antioqueño, especialmente de la región del Cañón del Melcocho.

VEA LA ACCION URGENTE DE LA CORPORACION JURIDICA LIBERTAD

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