¿MOTIVOS OCULTOS O JUSTIFICACIONES FALACES?

¿Acaso por el logro de la Paz estamos dispuestos a sacrificar los derechos a la verdad, la memoria colectiva y la justicia, y la garantía de no repetición?

Colombia atraviesa aún por un histórico conflicto armado cuyas causas, sin dudarlo, se encuentran en la existencia de condiciones económicas degradantes para amplios sectores sociales y de exclusión política deliberada. Si bien se han implementado importantes procesos de negociación con algunas guerrillas que dieron lugar a la inserción de pocos de sus integrantes a la esfera política, un proceso de paz no ha sido posible con una dimensión que trascienda la exclusiva desmovilización de una sola parte de los protagonistas de la confrontación y que conlleve a la formulación de políticas de no repetición, y en especial, de superación de las condiciones de inequidad de la inmensa mayoría de la población colombiana.

Desde el año 2002 se implementan una serie de medidas legislativas y políticas con el propósito de otorgar beneficios económicos, sociales y jurídicos a integrantes de grupos paramilitares a cambio de su desmovilización, que no necesariamente, su desestructuración militar y política; y por otro lado, se acentúo la estrategia militar contra las guerrillas, buscando por esa vía su rendición militar y en consecuencia llevarlos a deserciones individuales y a una mesa de negociación debilitados. Por su lado, las fuerzas armadas de Colombia, arremetieron contra la población civil, causando gravísimas violaciones de los derechos humanos[i]. Con esos precedentes, hoy, a través de reformas a la Constitución y la ley, se busca afianzar la impunidad de graves violaciones de los derechos humanos en nombre de la PAZ, en un contexto judicial que ha permitido a través de la jurisdicción ordinaria, sancionar y juzgar a algunos militares de alto rango, a reconocidos políticos y personalidades de sectores de la economía.

Este escrito, intentará recorrer tres de las más importantes reformas a la Constitución Política y a la Ley 975 de 2005 denominada de justicia y paz, y llamar la atención sobre los principios del Estado constitucional, y de derecho internacional de los derechos humanos que podrán verse vulnerados de aprobarse cada una de estas iniciativas del Gobierno colombiano y el Legislativo, que si bien, se sustentan en el derecho a la PAZ, parten del supuesto de que ésta se logra sin garantías plenas de no repetición, sin verdad y memoria colectiva, pero en especial, afianzando los efectos nocivos de la impunidad. Las reformas en concreto están contempladas en el  proyecto de Ley No. 096 de 2011, y los proyectos de actos legislativos Nro. 094 de 2011, 007 de 2011 y 192 de marzo de 2012.

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