Defensores

POR EL DERECHO A DEFENDER LOS DDHH EN COLOMBIA

Vie - 10 Sep Escrito por Comunicaciones Campaña

En Colombia, ser defensor o defensora de Derechos Humanos es un trabajo peligroso y en algunos casos mortal. Por esta razón un grupo significativo de organizaciones de DDHH colombianas, estadounidenses y europeas lanzaron el pasado 9 de septiembre de 2009, en Bogotá, la Campaña por el Derecho a Defender los Derechos Humanos en Colombia (video).

Las personas que defienden los Derechos Humanos y el Estado Social de Derecho en Colombia han sido siempre víctimas de señalamientos sistemáticos, amenazas, violencia sexual, judicializaciones sin fundamento, ataques violentos y asesinatos perpetrados por todos los actores del conflicto: fuerzas del Estado, paramilitares y guerrillas. Así, Colombia continúa siendo uno de los países donde más ataques contra los defensores(as) de Derechos Humanos se registran.

Pero ahora esta situación ha alcanzado un nuevo nivel de crisis. En abril de 2009 se hicieron públicos documentos que demuestran la existencia de una gigantesca operación de espionaje ilegal del servicio de inteligencia del país, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que depende de la Presidencia de la República, contra aquellas personas que promueven y defienden los Derechos Humanos, con el objetivo, según los responsables, de “restringir o neutralizar sus acciones”.

Esta es sólo la más reciente de una larga lista de prácticas aberrantes, entre las cuales cabe destacar la parapolítica (la infiltración del Congreso colombiano por los grupos paramilitares), las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte del ejército, y los ataques en contra de la Corte Suprema de Justicia, que ponen en tela de juicio si existe la voluntad política para garantizar el Estado Social de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales de todos y todas los colombianos y las colombianas. Es importante destacar que muchos de estos escándalos han sido revelados debido al trabajo de los defensores(as) en su lucha por la verdad, la justicia y la paz.

¿Quiénes son los defensores y defensoras de derechos humanos?

Un defensor o una defensora de Derechos Humanos es toda persona que, individualmente o junto con otras, profesionalmente o de forma voluntaria, y de manera no violenta, promueve y protege los Derechos Humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales). Líderes sindicales, periodistas, académicos, profesores, artistas, ministros y sacerdotes de las iglesias, abogados, jueces, miembros de organizaciones no gubernamentales y de movimientos sociales, líderes de comunidades indígenas y afrodescendientes, activistas de los derechos de las mujeres y de la población LGBT representantes de las millones de personas internamente desplazadas en Colombia- todos y todas son defensores(as) de Derechos Humanos.

¿Qué significa defender los derechos humanos?

La defensa de los Derechos Humanos es una responsabilidad de carácter moral, orientada a salvar vidas, a prevenir las violaciones graves de Derechos Humanos y a evitar que la violencia permanezca en la impunidad. Los defensores(as) trabajan por fortalecer el Estado Social de Derecho y exigen cambios en las políticas del Gobierno y del Estado.

Los defensores(as) de Derechos Humanos deben tener libertad para denunciar violaciones a los Derechos Humanos, expresarse libremente, adelantar su labor investigativa o judicial, defender a las víctimas de la violencia, proteger a la población civil, exigir el respeto del Derecho Internacional Humanitario y promover la paz. Quienes suscribimos esta campaña rechazamos enérgicamente todas las prácticas que atenten contra la dignidad humana de los defensores y defensoras de derechos humanos. Llamamos a todos los actores armados (fuerzas estatales, paramilitares y guerrillas) a que respeten los principios mínimos a los que están obligados.

Insistimos en que los Derechos Humanos deben ser respetados y defendidos por el Estado, porque sólo así se podrá construir una Colombia justa, pacífica y democrática.

Recomendaciones al Estado y Gobierno colombiano

Este es el momento para que todos actuemos por el Derecho a Defender los Derechos Humanos en Colombia. Para ello esta campaña busca lograr cambios concretos a favor de los defensores(as) en los siguientes temas:

1. Poner fin a la impunidad a violaciones contra los defensores(as)
1.1. Que la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario investigue y centralice todas las denuncias, amenazas o violaciones de los derechos humanos contra defensores(as) e:
   • Identifique la cadena de responsabilidad de mando en los crímenes;
   • Haga seguimiento a los casos hasta que se haga justicia;
   • Haga públicos los resultados de manera periódica.
1.2. Que todas las investigaciones por violaciones contra defensores(as) de derechos humanos que involucren a miembros de la fuerza pública se adelanten ante la justicia penal ordinaria y no por la justicia penal militar, tal como lo han señalado reiteradamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Sistema Interamericano y las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
1.3. Que se retiren las Fiscalías delegadas de las brigadas militares, para asegurar la independencia e imparcialidad en sus investigaciones y ofrecer garantías a los defensores(as) de derechos humanos y las víctimas que defienden.

2. Poner fin al mal uso de la inteligencia estatal
2.1. Garantizar que los defensores(as) de derechos humanos tengan acceso a la información contenida en archivos de inteligencia, como es protegido por la Constitución Política de 1991.
2.2. Garantizar que no se recoja información de los defensores(as) de derechos humanos solamente por la labor que desarrollan. Cualquier información así recogida es ilegal, como lo determina la Sentencia T-1037 de 2008 de la Corte Suprema de Justicia, y en consecuencia no debe ser utilizada, por ejemplo como evidencia en un proceso penal.
2.3. Que las autoridades estatales, bajo la coordinación de la Procuraduría General de la Nación y bajo la supervisión del Sistema de Naciones Unidas, realicen revisiones de informes de inteligencia, para excluir toda información sin fundamento que incrimine o prejuzgue a cualquier persona, en particular a los defensores(as).
2.4. Que la Fiscalía General de la Nación investigue sobre los usos indebidos e ilegales de los informes de inteligencia y que se muestren avances inmediatos y concretos en las investigaciones penales y disciplinarias que se adelantan contra todos los funcionarios implicados en las interceptaciones ilegales del DAS, tanto quienes dieron la orden como quienes la ejecutaron.

3. Poner fin a los señalamientos sistemáticos
3.1. Que el Presidente de la República y altos funcionarios del Gobierno reconozcan con amplia repercusión pública la legitimidad e importancia del trabajo de los defensores(as) de derechos humanos, se abstengan de hacer declaraciones que desprestigien su trabajo y condenen los ataques en su contra.
3.2. Que la Procuraduría General de la Nación inicie procesos disciplinarios de oficio en contra de todos los funcionarios que con sus comentarios públicos, su acción o su omisión promuevan o permitan violaciones a los derechos humanos de los defensores(as), haga informes periódicos y públicos, vigile el cumplimiento de las Directivas Presidenciales 11 de 1997, 07 de 1999, 07 de 2001 y la Directiva Ministerial 09 de 2003 y haga formación preventiva con funcionarios públicos.
3.3. Que el Presidente de la República emita una nueva Directiva Presidencial, en la que ordene a todas las autoridades reconocer, respetar y proteger la labor de los defensores(as) de derechos humanos.

4. Poner fin a las judicializaciones sin fundamento
4.1. Que la Fiscalía General de la Nación cree una unidad especial para coordinar el examen y la supervisión de todas las investigaciones penales que existan en contra de los defensores(as) de los derechos humanos. Esta unidad debe examinar adecuada y oportunamente si el caso cumple con los estándares del debido proceso y debe cerrar el caso inmediatamente cuando se encuentre que la investigación no tiene fundamento.
4.2. Que se abran procesos penales y disciplinarios en contra de todo fiscal o cualquier otro funcionario público que haya violado la ley investigando a los defensores(as) de derechos humanos sobre indicios falsos o sin fundamento y se ordenen las sanciones correspondientes.
4.3. Que los fiscales rechacen completamente cualquier testimonio que sea manifiestamente inverosímil, dejen de influir a los testigos en su rendición de declaraciones y evalúen con cuidado el testimonio de los ex-combatientes y los informantes que reciben beneficios del proceso de reintegración u otros beneficios.

5. Mejorar de manera estructural los programas de protección para personas en riesgo
5.1. Que el programa de protección sea revisado y se concierten, mediante consultas directas con los defensores(as) de derechos humanos, los cambios que se requieran para asegurar que responde a las necesidades de los mismos en todas las regiones del país.
A) Que el Ministerio del Interior y de Justicia cree una unidad especial para coordinar los esquemas de seguridad, cuyo diseño debe ser concertado de los beneficiarios(as).
B) Que se cree un mecanismo para garantizar que los escoltas o conductores asignados no tengan ni hayan tenido vínculos con grupos armados ilegales y que no utilicen su cargo para realizar labores de inteligencia sobre sus protegidos(as).
C) Que en los estudios de riesgo y la aplicación del programa se tengan en cuenta los perfiles de liderazgo, los oficios o trabajos de acompañamiento que adelantan las personas amenazadas, y los informes que elaboran entidades como el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones sociales y otras ONG.
D) Que el Ministerio del Interior y de Justicia brinde protección temporal e inmediata (entre las 48 horas de recibir la solicitud) a la persona/organización que lo solicite mientras que se evalúa su situación de riesgo.
E) Que la protección de las personas en riesgo no se realice a través de empresas de seguridad privada.
5.2. Que el Programa de protección del Ministerio del Interior y de Justicia, una vez sea ajustado y revisado, cuente con los recursos financieros suficientes que garanticen la efectiva ejecución de las medidas asignadas para la protección de los defensores(as).

“La sociedad civil colombiana es vibrante y diversa. Hace contribuciones de valor inconmensurable al discurso público y a la concientización en derechos humanos. Sin embargo, los defensores de derechos humanos suelen ser intimidados y amenazados, y a veces asesinados, a menudo por actores privados. Hay funcionarios de alto nivel que los acusan de ser guerrilleros o terroristas, o de ser cercanos a ellos (...). Estas declaraciones estigmatizan a aquellos que trabajan para promover los derechos humanos y propician un entorno en el que pueden llevarse a cabo actos específicos de amenazas o asesinatos. Es importante que los funcionarios de alto rango pongan fin a la estigmatización de estos grupos”.
Profesor Philip Alston, relator Especial de Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias. Bogotá, 2009.

Proteger los derechos humanos en Colombia es una actividad bajo amenaza, ayúdenos a defenderla, entérese y únase a la campaña: www.colombiadefensores.org , Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesitas activar JavaScript para poder verla

LA COSECHA DE LA MUERTE

Lun - 30 Ago Escrito por Fabiola Lalinde

“El fascismo, por más que quisiéramos, no ha desaparecido de la faz de la tierra”.
Héctor Abad Gómez, “Manual de Tolerancia”

Llegó la muerte e hizo su agosto. Ya en Colombia no nos alcanza el calendario para conmemorar tanta desventura. En sólo un mes segó de un tajo, a diestra y siniestra, vidas muy valiosas y significativas para nosotros. En este país se asesina hasta la esperanza, que se dice, es lo último que se pierde.

En un agosto y en otros de diferentes años llegó la muerte con su guadaña y fue cortando, como segando trigo, el humor y la alegría que representaba para nosotros la vida de Jaime Garzón. En otro fatídico agosto apagó esa luz de esperanza en un país mejor y más amable que significaba para nosotros Luis Carlos Galán, hace precisamente 20 años. Ignoramos cuántos líderes más: opositores políticos, estudiantes, sindicalistas, indígenas, campesinos, defensores de Derechos Humanos y grupos afines figuran como víctimas en esta cosecha de la muerte desde el nefasto Estatuto de Seguridad hasta la Seguridad Democrática.

Pero sin lugar a dudas, para nosotros los habitantes de esta ciudad, Medellín, internacionalmente conocida como la ciudad de las flores, de la eterna primavera, la tacita de plata, varios recuerdos dolorosos nos trae agosto: el 7 conmemoramos el décimo aniversario de Gustavo Marulanda, un joven filósofo de la Universidad de Antioquia. Un 23 la intolerancia cobró la vida de León Zuleta, filósofo también y defensor de muchas causas. Una fecha, especialmente triste y luctuosa, que siempre recordaremos ocurrió un martes 25 de agosto de 1987, hace 22 años cuando la parca con su afilada hoja curvilínea hizo su ingreso a la sede de los maestros y cortó primero, a las siete de la mañana, el hilo de la vida de Luis Felipe Vélez, presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia, pero no contenta con su crimen, en la tarde, envía, al mismo lugar, a sus sicarios motorizados para que con sus siniestras armas de fuego asesinaran vilmente al médico, humanista y defensor de derechos humanos, doctor Héctor Abad Gómez y a su discípulo y amigo Leonardo Betancur.

Estos hechos lamentables, ocurridos en un mismo día rebosaron la copa del dolor y la impotencia. Para escribir sobre estas tragedias y dar testimonio sobre lo que sus muertes han significado para la causa de los Derechos Humanos, para sus familias, para sus organizaciones, para sus comunidades y para quienes fuimos directamente beneficiados de cada una de estas vidas admirables a través de su humanismo, solidaridad e inteligencia, no es fácil. Sería necesario que las lágrimas se pudieran teñir como la tinta y grabar sobre kilómetros de papel nuestros sentimientos y aún así nos quedaríamos cortos quienes carecemos de esa capacidad de traducir sentimientos a palabras para expresar todo lo que ellos representaron para la causa de los Derechos Humanos, su defensa y promoción. Sus posiciones contra todas las formas de violencia, contra la pobreza, contra la falta de oportunidades a todos los niveles y, especialmente por ese gran legado que como médicos salubristas nos dejaron y que aún sus victimarios ignoran.

De Eduardo Galeano en el “Libro de los Abrazos” encontré un párrafo de 10 renglones que resume el vil asesinato del doctor Héctor Abad Gómez, el cual transcribo a continuación y que considero vigente y válido para las muertes violentas a manos de sicarios, en esta patria doliente y afligida.

La vida profesional/1
Eduardo Galeano
El libro de los abrazos

A fines de 1987, Héctor Abad Gómez, denunció que la vida de un hombre no vale más que ocho dólares. Cuando su artículo se publicó, en un diario de Medellín, ya él había sido asesinado. Héctor Abad Gómez era el presidente de la comisión de Derechos Humanos. En Colombia es raro morir de enfermedad.
- ¿Cómo quiere el cadáver, su merced?
El matador recibe la mitad a cuenta. Carga la pistola y se persigna. Pide a Dios que lo ayude en su trabajo.
Después, si no le falla la puntería, cobra la otra mitad. Y en la iglesia, de rodillas agradece el favor divino.

CUATRO AÑOS DE DESPENALIZACIÓN PARCIAL DEL ABORTO EN COLOMBIA, CONMEMORARON LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES EN MEDELLÍN

Mar - 18 May Escrito por Comunicaciones CJL

“Saquen sus rosarios de nuestros ovarios, saquen sus rosarios de nuestros ovarios”, era la frase que resonaba ayer en el Parque Bolívar, a las 6 de la tarde, cuando un grupo numeroso de mujeres se manifestaba para defender los derechos sexuales y reproductivos que en muchas ocasiones se han visto “vulnerados por razones que obedecen más a la moral de la iglesia que a trabas jurídicas”, como lo expresó Carolina Ospina, una de las manifestantes.

La jornada de protesta fue convocada por la Red Nacional de Mujeres y la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, la cual empezaba a las 4 de la tarde con un conversatorio, abierto al público, junto al ex magistrado de la Corte Constitucional, y abierto defensor de las libertades individuales, Carlos Gaviria Díaz.

En este conversatorio, Carlos Gaviria manifestó su posición a favor de la despenalización del aborto y afirmó que “para defender una causa de estas no hay que ser agresivo, sólo basta con afinar el razonamiento”. El ex magistrado reafirmó su posición agregando que los derechos sexuales y reproductivos hacen parte de los derechos humanos y que “los derechos humanos no son los derechos de las mayorías sino los derechos de todos, y algunas veces hay que empujarlos incluso en contra de las mayorías”.

Luego del conversatorio, mujeres y hombres se desplazaron al Parque Bolívar para protestar por los “derechos que se están violando especialmente de parte del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez”, como dijo Marta Restrepo, integrante de la protesta, que además expresó que “al señor Ordóñez se le olvidó que la Procuraduría fue creada para garantizar los derechos, no para pisotearlos cuando no le parecen cómodos a la religión católica”.

La jornada de protesta terminó con un plantón frente a la Catedral Metropolitana de Medellín, donde las y los manifestantes encendieron unas velas y de manera simbólica quemaron algunos objetos y carteles que encerraban mensajes de derechos vulnerados.

Finalmente, varias de las asistentes concordaron con que el país vive un clima de criterios bastante religiosos donde se viola la constitución con argumentos de línea católica. Sin embargo, para Carlos Gaviria, de fondo está un “criterio machista extraordinario, pues si los hombres pudiéramos quedar embarazados… ¿hace cuánto tiempo se habría despenalizado el aborto?”.

Comunicaciones CJL

11 de mayo de 2010

Leer mas (Artículo en Word)

En la ceremonia de premios, de izquierda a derecha: Gisela Marx, Liliana Uribe, Domning Rolf, Eli scho Antwerpes y Mörtter Hans.

PREMIO EN DERECHOS HUMANOS “GEORG-FRITZE GEDÄCHTNISGABE-2010”

Mar - 11 May Escrito por Comunicaciones CJL

Las Iglesias Evangélicas de Colonia, Alemania, otorgaron el premio “GEORG-FRITZE GEDÄCHTNISGABE-2010” a la abogada de la Corporación Jurídica Libertad LILIANA URIBE TIRADO. Desde 1981, la iglesia protestante del distrito Colonia entrega cada dos años este premio en memoria de la vida del pastor George Fritze quien se destacó por su oposición al fascismo y lucho por los derechos humanos en su país. El premio busca resaltar a las personas y organizaciones dedicadas a la lucha contra la dictadura y la violencia y que se dedican a apoyar a las víctimas de éstas para recuperar sus derechos. En la entrega del premio las iglesias resaltaron la labor de la Corporación Jurídica Libertad en la defensa de los derechos humanos en Colombia y en particular resaltaron el esfuerzo de Liliana Uribe por esclarecer la verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales en el país y la lucha por la justicia y reparación de este crimen considerado de lesa humanidad. A continuación las palabras de Liliana Uribe al recibir este significativo reconocimiento.

PREMIO EN DERECHOS HUMANOS “GEORG-FRITZE GEDÄCHTNISGABE-2010”

Escrito presentado al recibir el premio Pfarrer Georg Fritze Gedachtnispreis,

Liliana Maria Uribe Tirado

Corporación Jurídica Libertad

10 de mayo de 2010.

Colonia - Alemania

Alumbrar es arder:

el que no piensa se abrasa más despacio;

pero el vivir intenso y el soñar y el sufrir

enardecen las llamas

y apuran el vivaz relucir de la ardua flor del ser:

alumbrar es arder

¡y quemarse alumbrando es vivir¡ ¡Es vivir¡ ¡Es vivir¡”

(Parábola del Foso, Guillermo Valencia)

La historia de los y las defensoras de derechos humanos en Colombia y en el mundo corre paralela con la historia de la barbarie, de las atrocidades humanas, de la noche y la niebla. En lo que parece ser la peor de las paradojas: vida y muerte, represión y libertad, horror y dignidad se encuentran y toman vida en pueblos y personas que luchan justamente por acabar con esta realidad.

Por ello cuando me anunciaron el premio PfarrerGeorg Fritze Gedachtnispreis lo primero que hice fue tratar de entender qué representaba el mismo. Después de mucha búsqueda en la internet y de preguntarle a otras personas, me encontré con la maravillosa existencia de este Padre poco conocido en mi país. Su historia es hermosa: un hombre antifascista, humanista, defensor de los derechos de los obreros y valiente opositor de propuestas autoritarias que tanto daño han causado a la humanidad. En él se cumple lo que ya decía: un hombre que es capaz de defender la vida, de evidenciar la dignidad aún en los peores y más oscuros momentos de la historia.

Quiero resaltar este hecho porque los hombres y mujeres que nos dedicamos a la labor de defender los derechos humanos en medio de las dictaduras y las violencias institucionales lo hacemos porque otros y otras nos han marcado el camino y nos han enseñado con su vida, que podemos aspirar a construir un mundo donde los derechos de los pueblos y del planeta mismo pueden ser un sueño cumplido. La defensa de los derechos humanos ha sido un importante y visible foro para la oposición a los métodos brutales de control social de gobiernos, o de la guerra y de las violaciones masivas de los derechos humanos, no sólo contra las violación de los derechos civiles y políticos sino también económicos, sociales, culturales, incluso el derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente y a la autodeterminación de los pueblos.

Con esta perspectiva se enmarca mi compromiso personal y el de la Corporación Jurídica Libertad, organización de la que soy fundadora y que se dedica desde 1993 a la defensa y promoción de los derechos humanos en el departamento de Antioquia, especialmente de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y de los hombres y mujeres perseguidos y judicializados por su opción social o política. Pretendemos que se cumpla el sistema Universal de los derechos humanos aspirando un país democrático, participativo, libertario y comprometido con la dignidad humana.

Sin embargo, esta no es una labor fácil porque en Colombia, defender de los derechos humanos es un trabajo peligroso y a menudo mortal. Diariamente los defensores somos estigmatizados por nuestra labor, amenazados, judicializados por convertir en delito la opinión y la libertad de expresión; sometidos a la desaparición forzada, al exilio e incluso al asesinato. Por ejemplo, recientemente hemos comprobado que desde la Presidencia de la República se ordenó a los organismos de inteligencia del país, como el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- interceptar nuestros teléfonos y correos electrónicos sin autorización judicial, además se ordenaron seguimiento, amenazas y acciones denominadas de inteligencia ofensiva, e incluso se acordó la realización de actos, catalogados por el mismo estamento como terroristas, contra algunos defensores de derechos humanos y miembros de sus familias.

Desde la Presidencia de la república se ha pretendido equiparar el compromiso con los derechos humanos como actos terroristas o vinculados a grupos insurgentes, agravando la situación de todas las personas dedicadas a esta labor al ponerlos en riesgo de muerte por acciones de los grupos paramilitares o de la misma fuerza pública. De allí la preocupación de la Relatora Especial de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, que en su visita el año anterior expresó que:

“Un motivo fundamental de la inseguridad de los defensores de derechos humanos radica en la estigmatización y el señalamiento sistemáticos de que son objeto por parte de funcionarios del Gobierno… los defensores de derechos humanos en repetidas ocasiones han sido acusados por altos funcionarios del Gobierno de ser "terroristas" o "guerrilleros", o de estar operando en secreto con ellos”. A la luz de lo que he visto y oído en los últimos 12 días, puedo concluir que siguen existiendo en Colombia patrones de hostigamiento y persecución contra los defensores de derechos humanos, y a menudo contra sus familiares. Periodistas, sindicalistas, magistrados, abogados, activistas estudiantiles y juveniles, mujeres defensoras, líderes indígenas y afrocolombianos, así como activistas LGBT han sido asesinados, torturados, maltratados, desaparecidos, amenazados, capturados y detenidos arbitrariamente, judicializados, vigilados, desplazados por la fuerza, u obligados a exiliarse; o bien se han allanado sus oficinas y se han robado sus archivos, a causa de su trabajo de defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales.”

Lo expresado por la señora Relatora no sólo ha sucedido en los últimos meses, por el contrario, ha sido una constante en los últimos veinte años y su evidencia está en la memoria de los amigos y amigas que hoy no nos acompañan físicamente, pero que marchan a nuestro lado persistiendo en esta lucha. Ángel Quintero, Jesús Puerta, Julio Ernesto González, Ramiro Zapata, Margarita Guzmán, Eduardo Umaña Mendoza, Josué Giraldo, Jesús María Valle, Héctor Abad Gómez, Elsa Alvarado, Kimy Pernía Domicó, entre otros cientos, fueron asesinados por su lealtad a principios éticos y políticos de defensa de la vida y la libertad. Por eso hoy, aunque parezca absurdo, estamos adelantando la Campaña Nacional e Internacional Por el derecho a defender los derechos humanos. Colombia: defensores de derechos humanos bajo amenaza, que pretende, entre otros aspectos, elevar el respaldo de la opinión pública a la labor legítima y legal de defensa de los derechos humanos, a través de:

1. La promoción de la defensa de los derechos humanos y la paz como un valor esencial de cada persona, en cualquier lugar, tiempo o situación.

2. El reconocimiento de los defensores/as como personas que defienden la dignidad humana, la vida y no como contradictores políticos del gobierno.

3. Los apoyos de sectores clave de la población que exigirán al Estado y gobierno colombiano políticas públicas efectivas de garantía y protección para los defensores/as.

Como podrán darse cuenta, este premio que hoy recibo llega en el justo momento en que los defensores y defensoras de derechos humanos de Colombia requerimos estar rodeados para mantener nuestra labor. Los últimos meses han sido especialmente difíciles para la Corporación Jurídica Libertad que ha recibido amenazas contra varios de sus integrantes, así como el intento de judicializar nuestra labor. Pese a ello no renunciamos a representar a las víctimas para hacer realidad sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. Seguiremos acompañando a los campesinos y campesinas en su defensa de su territorio, a las mujeres, a los niños y niñas, a los desplazados, a los obreros y sindicalistas, y todas las personas que siguen sufriendo los rigores de un conflicto armado que no se resuelve.

Agradezco entonces el enorme aprecio y la solidaridad de las organizaciones de derechos humanos, de las iglesias, de las organizaciones sociales y de los hombres y mujeres que hoy se encuentran presentes reconociendo y valorando nuestro trabajo. Desde hace muchos años hemos contado con ustedes, hemos recibido su acompañamiento y la solidaridad expresada el múltiples formas. Su presencia nos motiva a no desfallecer, a no perder la esperanza porque sabemos que no estamos solos ni solas, porque sabemos que compartimos el ideal común de la felicidad, la vida, la dignidad y la libertad para todos los pueblos y para toda la humanidad.

OTORGAN DISTINCION "GRAN DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS" A LA CORPORACION JURIDICA LIBERTAD

Jue - 01 Abr Escrito por CJL

El 25 de marzo del 2010, el Concejo de Medellín entregó a la CORPORACIÓN JURIDICA LIBERTAD la Distinción “Gran Defensor de los Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo”. Este premio fue creado por el Acuerdo Municipal 03 de 2008 y se entrega cada año a personas e instituciones que se destaquen por su dedicación a la defensa de los derechos humanos. La Corporación Jurídica Libertad fue postulada por otras organizaciones de derechos humanos de la ciudad que destacaron como desde 1993 la organización se ha dedicado solidariamente a la defensa y promoción de los derechos humanos a través de la atención integral a las comunidades en situación de vulnerabilidad, asumiendo la asesoría y defensa de personas privadas de la libertad por motivos políticos y la representación de víctimas de crímenes de lesa humanidad; así como al impulso de acciones para la prevención del desplazamiento forzado con programas de fortalecimiento de la población campesina del Oriente antioqueño.

También se reconoció la labor del Padre FEDERICO CARRASQUILLA MUÑOZ quien a lo largo de su vida se ha dedicado a la tarea de dignificación de los pobres y la justicia social, acompañando procesos organizativos de las comunidades marginadas para desarrollar sus potencialidades y mejorar su calidad de vida, en barrios como El Playón de los Comuneros y el Popular I, en la Comuna uno de Medellín.

Presentamos la ponencia leída por el abogado Elkin Ramirez Jaramillo, director de la Corporación Jurídica Libertad, al momento de recibir la Distinción.

Distinción Gran Defensor de los Derechos Humanos

“Jesús María Valle Jaramillo”[1]

Señor Presidente del Concejo de Medellín, John Jaime Moncada Ospina, Señor vicepresidente primero del Concejo de Medellín, Luis Bernardo Vélez, Señor vicepresidente segundo del Concejo de Medellín, Ramón Emilio Acevedo Cardona, Señoras y Señores concejales y demás asistentes.

En medio de condiciones adversas para ejercer nuestra actividad como defensores de derechos humanos, para la Corporación Jurídica Libertad ha sido un hecho sorpresivo y grato recibir por parte del Concejo de Medellín la distinción “El gran defensor de derechos humanos Jesús María Valle”. Sorpresivo por cuanto durante los 17 años de existencia de nuestra institución, nos hemos caracterizado básicamente por intervenir en defensa y representación de las víctimas de las violaciones oficiales de derechos humanos y por intervenir en la defensa y representación judicial disidentes y opositores constantemente judicializados, perseguidos y aniquilados por actuar en defensa de los interés de grupos marginales y por reivindicar la vigencia de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia. Grato, el acto en sí, por lo que para nosotros simboliza la existencia de una distinción que permite rescatar la memoria del defensor de derechos humanos que fuera JESUS MARIA VALLE, inmolado precisamente por denunciar la barbarie y la atrocidad cometida en contra de indefensos campesinos y campesinas. Crimen del cual han sido señalados como presuntos responsables personas vinculadas a sectores políticos y económicos antioqueños.

Justamente ante un órgano de deliberación política como lo es el Concejo de Medellín, en medio de este acontecimiento, se presenta el escenario indicado para formular el interrogante de cuál puede ser la importancia de la existencia de organizaciones defensoras de derechos; por consiguiente cuál puede ser la relevancia de la presencia de sujetos dedicados a la defensa y promoción de esos derechos.

En una sociedad que se precie de democrática, el reconocimiento de la labor adelantada por las organizaciones de derechos humanos debe ser innegable. En una democracia con los altos niveles de imperfección como la nuestra, ese reconocimiento es persistentemente negado o aplazado, y lo más grave aun ideologizado, en tanto la permanente rotulación que se hace desde ciertas esferas poder, al descalificar nuestra labor por considerarla ejercida en pro de los intereses de los enemigos internos y externos proclamados.

Pero el reconocimiento reclamado en los diferentes espacios en los que nos encontramos con la institucionalidad del estado, no es un ejercicio de vanidad, sino que lo es, en primer lugar, un acto para lograr la supervivencia ante las difíciles condiciones en las que debemos actuar, cuando constantemente somos asediados, estigmatizados o anulados desde instancias oficiales; y en segundo lugar, lo más relevante, para poder llevar a cabo la labor de defensa e invocación de los derechos de los desprotegidos, para poder reivindicar y representar libremente a las víctimas del conflicto armado interno que se cuentan por millones.

En nuestro país existe un oscuro panorama en materia de violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que justifica y sobre todo legitima la actividad de las organizaciones de derechos humanos y de los defensores en esta materia, en particular en lo relacionado con lograr el reconocimiento los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral, a propósito de la cuestionada desmovilización de los grupos paramilitares y de la aplicación de un marco jurídico en su beneficio, con abierto desconocimiento de aquellos derechos.

En el inconsciente colectivo existe la percepción de una mejoría notable en materia de indicadores seguridad y de una reducción significativa de las violaciones a los derechos humanos. Desafortunadamente, esas mejorías en muchas ocasiones son ilusorias o no son de una significación tal que permita conllevar la tranquilidad reclamada por el conjunto de la sociedad.

La presencia en nuestro país, en el trascurso del año inmediatamente anterior de los Relatores Especiales sobre la situación de derechos humanos y libertades para los pueblos indígenas; sobre ejecuciones extrajudiciales, sobre situación de defensores de derechos humanos y sobre la independencia de jueces y abogados, quienes han rendido informes dando cuenta de las graves violaciones verificadas en lo de la competencia y el mandato otorgado a cada uno de ellos desde Naciones Unidas. La presencia permanente de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, rindiendo informes anuales y expidiendo una serie de recomendaciones anuales que vienen siendo acumuladas en una especie de anaquel de la diplomacia y el desinterés edificado por las instancias gubernamentales competentes para darle cumplimiento. Constituyen evidencia suficiente en relación con la grave situación en materia de derechos humanos, ente el incumplimiento reiterativo de los estándares universales que obligan al estado colombiano.

La presentación de un informe por parte del Reino Unido, sobre derechos humanos en 2009, el cual inicia diciendo que “La situación general de los derechos humanos en Colombia continua siendo preocupante” en tanto existen causas estructurales que limitan el pleno ejercicio de los derechos en especial en relación con la exclusión, la marginalidad, la pobreza, la inequidad, la tenencia de la tierra, la impunidad y la falta de acceso a la justicia. Constituyen indicadores que permiten concluir que en materia de observancia y garantía de los derechos humanos los avances no son significativos. Señalando que la situación viene agravándose ante “Un incremento de los grupos armados y paramilitares supuestamente desmovilizados”, adelantando prácticas criminales en diferentes regiones de la geografía nacional.

A su vez el gobierno de Estados Unidos justo hace 15 días presentó su informe de derechos humanos, en cual se señalan aspectos críticos en la materia, como:

- los homicidios ilegítimos y ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por integrantes de la fuerza pública;

- la colaboración militar con los nuevos grupos armados ilegales y miembros de grupos paramilitares que se negaron a desmovilizarse;

- las desapariciones forzadas;

- hacinamiento en las cárceles y la inseguridad, la tortura y el maltrato de los detenidos;

- la vigilancia ilegal de los grupos civiles y opositores políticos, por agencias del gobierno;

- la corrupción;

- el acoso a grupos de derechos humanos y activistas;

- la violencia contra la mujer, incluida la violación, el abuso y la prostitución infantil, la trata de mujeres y niños con fines de explotación sexual.

Human Rights Watch –HRW-, presentó recientemente un informe sobre la situación de derechos humanos en nuestro país, titulado “Herederos de los paramilitares. La nueva cara de la violencia en Colombia”. Recogiendo información suministrada por ONGs de DH, identifica la existencia de aproximadamente 10.200 paramilitares (dos mil menos de los que existían al inicio del actual gobierno) organizados en grupos sucesores con una capacidad de intimidación mayor a la que caracterizaba a los anteriores paramilitares, con presencia en por lo menos 173 municipios de 24 departamentos. Destacándose una fuerte presencia en Medellín. En su informe HRW denuncia que la respuesta del gobierno nacional dirigida a desarticular estos grupos, no ha sido contundente y efectiva acorde a la gravedad del problema y la situación de violencia que están generando.

No podemos dejar pasar desapercibida la oportunidad para reconocer públicamente la pertinencia y certeza de las actividades adelantadas por diferentes organizaciones sociales y populares y por instancias gubernamentales locales, en materia de prevención y protección de derechos humanos, confluyentes en el Comité Municipal de Derechos Humanos. Las actividades de sensibilización y generación de opinión pública que desde allí se adelantan, tienen un valor incalculable pendiente por reconocer; ya que desde allí se han articulado y tramitando diferentes denuncias, dando cuenta de la situación de derechos humanos, y preocupándose por interpretar los diversos fenómenos de violencia y criminalidad que padece nuestra ciudad.

Desde allí diferentes organizaciones se han preocupado por el auge de grupos armados al margen de la ley, identificando la existencia de por lo menos 262 en los diferentes barrios y comunas de la ciudad de Medellín, su relación directa con bandas paramilitares desmovilizadas y no desmovilizadas, su real y verdadera capacidad de control y afectación de la seguridad en la localidad. Se ha señalado además la preocupación ante la elevada tasa de homicidios en incremento durante los últimos años, llegando durante el inmediatamente anterior a la preocupante cifra de las 2.189 muertes violentas.

Finalmente agradecemos al Concejo de Medellín el privilegiar a la Corporación Jurídica Libertad con la distinción “El gran defensor de los derechos humanos Jesús María Valle”, porque nos habilita para hacerla extensiva a las diferentes organizaciones sociales y populares que han confiando en nosotros durante los últimos 17 años, al conjunto de víctimas de crímenes de Estado que representamos judicialmente, y además porque queremos sirva de homenaje a defensores y defensoras de derechos humanos y a los líderes y lideresas sociales que han sido detenidos o asesinados por actuar como grandes defensores de derechos humanos.

Medellín, marzo 25 de 2010

[1] Ponencia presentada y leída por Elkin Ramirez Jaramillo en la entrega de la Distinción Gran Defensor de los Derechos Humanos “Jesús María Valle Jaramillo”, otorgada por el Concejo de Medellín a la Corporación Jurídica Libertad, el día 25 de marzo de 2010.