COMUNICADO PÚBLICO

Lun - 06 Sep Escrito por Organizaciones defensoras de DDHH

Los abajo firmantes, familiares de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, ante el retiro del cargo que ha hecho el señor Fiscal General de la Nación de la Doctora Ángela María Buitrago Ruíz, manifestamos ante la Comunidad nacional e internacional, lo siguiente:

1) Recibimos con desconcierto la decisión del señor Fiscal General de la Nación encargado, Dr. Guillermo Mendoza Diago de retirar de su cargo como Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, a la Doctora Ángela María Buitrago Ruíz. En dicho orden, rechazamos no sólo la decisión de retirarla, sino también las motivaciones que consideramos absurdas y contradictorias, expresadas por el señor Fiscal General para pretender justificar dicha decisión.

2) Resaltamos que la separación contradice el contexto objetivo de actuación de la Doctora Buitrago Ruíz quien ha iniciado y llevado a juicio a decenas de responsables, en casos que tratan en su mayoría del procesamiento de crímenes de lesa humanidad y que por tanto han implicado un acercamiento de la acción estatal hacia sus obligaciones en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Al punto que los pocos resultados que puede presentar el Estado, en su mayoría, han sido promovidos por la Doctora Buitrago Ruíz.

3) La decisión adoptada por el Fiscal General de la Nación , constituye una vulneración de la independencia judicial y además vulnera de manera específica, ostensible y grave los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, cuando su retiro se produce al día siguiente de fijarse fecha para la audiencia de imputación respecto de Francisco Santos Calderón y José Obdulio Gaviria, la cual fue solicitada por la Doctora Buitrago Ruíz, y días después de que llamara a indagatoria a los generales en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, Rafael Hernández y Carlos Augusto Fracica. Esta decisión vulnera los derechos de las víctimas, cuyos procesos se están adelantando en etapa de instrucción y de juicio en casos como los siguientes:

- Luis Alfonso Plazas Vega, ante el Juzgado Tercero Especializado de Bogotá, por la desaparición de 11 personas durante la operación de retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.
- Jesús Armando Arias Cabrales, ante el Juzgado 51 Penal del Circuito, por la desaparición de 11 personas durante la operación de retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.
- Iván Ramírez Quintero, Luis Fernando Blanco y Gustavo Arévalo ante el Juzgado 51 Penal del Circuito, por la desaparición de 11 personas durante la operación de retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.
- Edilberto Sánchez Rubiano, Ferney Causaya, Luis Fernando Nieto Velandia y Óscar William Vásquez ante el Juzgado 51 Penal del Circuito, por la desaparición de 11 personas durante la operación de retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.
- Jesús Armando Arias Cabrales, Rafael Hernández López y Carlos Augusto Fracica por su participación en la ejecución extrajudicial del Magistrado Carlos Horacio Urán.
- Francisco Santos Calderón, Ex Presidente de la República , y José Obdulio Gaviria, Ex Asesor de la Presidencia de la República, para quienes está próxima la Audiencia de Imputación, por haber calumniado a los integrantes de los sindicatos SINTRAEMCALI, SINTRATELÉFONOS y SINTRAUNICOL.
- Jorge Aurelio Noguera Cotes, ex Director del DAS, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y tres homicidios agravados.
- Guillermo León Valencia Cossio, Ex Director De Fiscalías de Medellín y hermano del Ex Ministro de Gobierno, Fabio Valencia Cossio, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, acusado de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir agravado, violación de asunto sometido a reserva, falsedad por destrucción y utilización de información privilegiada.
- Germán Vargas Lleras, Ex senador y actual Ministro de Interior y de Justicia, por el delito de Calumnia, donde es victima la Ex senadora Gloria Cuartas Montoya.
- Ciro Ramírez, ex Senador de la República , ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por concierto para delinquir agravado con grupos paramilitares.
- Edilberto Castro Rincón, Ex Gobernador del Meta, condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a la pena de cuarenta (40) años por homicidio.
- Carlos Alberto Palacios, Ex Gobernador del Putumayo, condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

4) El retiro de la Doctora Buitrago Ruiz es una acción más en contra de una recta administración de justicia, que recientemente ha afectado a importantes operadoras judiciales, como ha sido la situación padecida por la Doctora María Stella Jara, quien debió abandonar el país tras proferir fallo condenatorio contra el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, consecuente con resolución de acusación elevada por la Doctora Buitrago Ruíz. Por otro lado, la Juez de Control de Garantías, Dra. Jenny Jiménez, tras proferir medida de aseguramiento en contra de Mario Aranguren, ha denunciado amenazas contra su vida, informando que a la fecha, no ha recibido medidas de protección coherentes con los riesgos que corre.

5) El proceso contra Jorge Aurelio Noguera Cotes, que se encuentra en etapa de juicio, tiene aproximadamente 350 cuadernos, sin contar con las diligencias que reposan en medios magnéticos. A su vez, el caso de Palacio de Justicia tiene aproximadamente 150 cuadernos, cerca de 120 diligencias y pruebas recaudados en medios magnéticos. Estos constituyen apenas dos ejemplos de procesos que suman más de 200 mil folios, los cuales ha adelantado la Doctora Buitrago Ruiz, con importantes diligencias a celebrarse próximamente, y el excluir a esta fiscal de su conocimiento, constituye un daño objetivo a la administración de justicia y por ende, genera impunidad.

6) Exigimos que la Doctora Buitrago Ruiz sea restituida de manera inmediata al cargo, y continúe al frente de estos procesos. La decisión administrativa del señor Fiscal General de la Nación , no puede seguir contrariando los derechos inalienables de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación integral.

Septiembre 3 de 2010

Suscriben;
Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos conformada por 219 organizaciones sociales y ONG de DDHH
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado - Movice
Familiares de los Desaparecidos del Palacio de Justicia
Comisión Colombiana de Juristas
US Office on Colombia – Usoc
Centro de Investigación y Educación Popular – Cinep
Corporación Jurídica Libertad
Asociación Nomadesc
Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
Federación Agrominera del Sur de Bolívar - Fedeagromisbol
Comité de Integración Social del Catatumbo - Cisca
Corporación Sembrar
Corporación por la Dignidad Humana
Proceso de Comunidades Negras
Minga
Corporación Yira Castro
Humanidad Vigente
Fundación Guagua
Galería de la Memoria Tiberio Fernandez
Fundación Territorios por Vida Digna
Corporación Nueva Gente – Ituagüi
Asociación Campesina de Antioquia
Cristianas y Cristianos por la Justicia y Paz
Movimiento de Víctimas Capítulo Antioquia
Instituto Popular de Capacitación
Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia
Gustavo Gallón
Germán Romero
Jorge Eliécer Molano
Ana Beatriz Sánchez
Daniel Prado Albarracín
Cristina Espinel
Luisa Fernanda Montes Ocampo
Vladimir Tamara
Maria Isabel Casas Herrera
Eduardo Matyas Camargo
Diana Salamanca

CONCESIÓN DE AGUAS DEL ORIENTE

Mié - 01 Sep Escrito por Comunicaciones CJL

El departamento de Antioquia, dividido en nueve subregiones, concentra su mayor riqueza hídrica y energética en la zona de embalses del Oriente, conformada por los municipios de Alejandría, Concepción, El Peñol, Granada, Guatapé, San Carlos y San Rafael, abastecedora de la tercera parte de la energía que consume el país.

Esta subregión es, además, la mayor despensa agropecuaria del departamento por su producción de hortalizas, papa y fríjol, y su riqueza en biodiversidad es nutrida por la variedad de sus climas.

Sobran, entonces, razones para que muchos intereses se posen sobre su territorio. Durante largo tiempo se rumoró que el Oriente antioqueño estaba siendo invadido por empresas dedicadas a estudiar el caudal de los ríos con el objetivo de construir microcentrales de generación eléctrica.

El temor generalizado de sus habitantes ha pasado de las especulaciones a la realidad concreta. Hasta el momento se han tramitado en CORNARE 42 solicitudes para desarrollar proyectos hidroeléctricos en la región, 26 de ellos han sido aprobados.

Ya la explotación minera representaba un riesgo para el bienestar de los campesinos, ahora se suma una nueva preocupación por las concesiones de ríos y la generación de energía, cuyas negociaciones -bastante soterradas, por demás- generan infinidad de dudas entre sus pobladores.

El Tafetanes en la mira

Las aguas del río Tafetanes recorren de prisa el municipio de Granada, humedeciendo los campos, irrigando los cultivos y calmando la sed de los granadinos. Lamentablemente, se quejan algunos, la empresa privada ha puesto, también, su lupa sobre ellas.

Interesada en obtener la concesión para construir una microcentral hidroeléctrica sobre esta fuente hídrica, HMV Ingenieros Ltda. ha venido haciendo negociaciones con CORNARE. Su propuesta es generar hasta 9,9 megavatios de energía durante los próximos cincuenta años que, por la baja calibración, no pagaría transferencias al municipio y no generaría más de dos o tres empleos permanentes.

Las inquietudes alrededor de este tema se han centrado, entonces, en lo que este y otros proyectos pueden significar para el bienestar de los campesinos, y no es para menos. Precisamente por su riqueza, el Oriente Antioqueño ha sido foco de múltiples intereses que buscan apropiarse de las aguas para la industria energética, la concentración de la propiedad de la tierra para ganadería extensiva o siembra de bosques, y la instalación de circuitos turísticos.

Haciéndole frente a esta situación, las comunidades de la región se han venido organizando desde años atrás, manifestando su desacuerdo y exigiendo que se potencie el usufructo racional y colectivo de sus riquezas. La respuesta que han obtenido de parte de los gobiernos de turno ha sido la misma: persecución, exterminio de líderes y movimientos sociales, masacres y destierro.

En tela de juicio…

El pasado 20 de agosto se desarrolló, en las instalaciones de CORNARE, una audiencia pública, cuyo objetivo era dar a conocer a la comunidad el proceso de concesión de aguas del río Tafetanes, y aclarar las dudas sobre los impactos ambientales y las medidas con las que se prevendrían o compensarían. Así mismo, se invitó a la comunidad para que manifestara sus opiniones al respecto.

Pese a la confianza que manifiesta la empresa interesada, HMV Ingenieros Ltda., la comunidad se muestra reticente al proyecto. Nubia Gómez, representante de las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales, afirmaba que los habitantes del Oriente “no se han sentido depositarios de los beneficios de los proyectos energéticos que vienen desarrollándose en la región” y pregunta, entonces, “¿Cómo van a recompensar a las comunidades?”.

“Para nosotros el desarrollo no es sólo la construcción de proyectos, ni vías, ni aeropuerto, ni microcentrales, sino un proceso dirigido a generar cambios de actitud, en la manera de pensar, de decidir y de actuar. Hay que entender el desarrollo desde la percepción de los campesinos. Hace rato entendimos que estamos en medio de una riqueza y sin embargo no nos vemos beneficiados por ellas”, enfatizaba Libardo Aristizábal, de la Red de Asocomunales del Oriente.

Se cuestionaba, además, la manera en que se prevendrán situaciones como el desplazamiento, el uso que se le dará a los minerales de la zona, y la manera en que impactarán en la región los bonos de producción limpia conferidos por otros países.

En suma, los campesinos desconfían tanto de la empresa privada como de las instituciones del Estado que han manejado el asunto con tanta reserva, que buscan una generación de energía inferior a los 10 megavatios, evitando el pago de beneficios al municipio y a la comunidad –“ingeniería al servicio de la maña jurídica”, diría David Gonzalo Henao, habitante de la vereda Malpaso-, y que no han planteado “una propuesta formal de participación en el negocio, donde los campesinos sean accionarios y reciban dividendos”.

Proponían, entonces, detener la entrega de licencias y concesiones mientras se evalúan los impactos ambientales, económicos y sociales que han generado los embalses y que pueden producirse con los proyectos en lista; que las empresas demuestres su solidez financiera y el origen de sus capitales; reformar la ley 99 de 1993, aumentando el porcentaje de transferencias para la producción campesina del 6 al 8%; subsidiar totalmente el servicio de energía a las comunidades afectadas; y valorizar el agua como materia prima.

Frente a estas inconformidades, CORNARE se dice “dispuesta a seguir propiciando espacios de participación comunitaria” y se compromete con “evaluar los escritos aportados durante la audiencia y las observaciones formuladas por los intervinientes para tomar la decisión que mas favorezca al medio ambiente”.

HAZ LO JUSTO HASTA ENCONTRARLOS

Lun - 23 Ago Escrito por Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

No me pregunten quién soy
Ni si me habían conocido
Los sueños que había querido
Crecerán, aunque no estoy.
Ya no vivo, pero voy
En lo que andaba soñando.
Y otros que siguen peleando
Harán nacer otras rosas...
En el nombre de esas cosas
Todos me estarán nombrando.

Milonga del fusilado

Porque hacer memoria, porque evitar que los recuerdos se empañen y que las ideas altruistas de un mundo mejor caigan en el descrédito también es luchar, año tras año, desde 1981, delineamos los rostros y los sueños de los hombres y mujeres arrancados de sus hogares por manos criminales, personas que ofrendaron sus vidas por la construcción de la paz con justicia social.

La desaparición forzada ha sido una práctica de exterminio dirigida desde la Escuela de las Américas, actualmente llamada Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (SOA/ WHINSEC por sus siglas en inglés), organismo desde el cual Estados Unidos ha respaldado e impulsado regímenes autoritarios en los países de la región, direccionando su política interna, y donde han sido entrenados más de 61 mil soldados latinoamericanos desde 1.946 en técnicas de tortura, combate, comando e inteligencia militar.

De acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, proclamada por la Asamblea General en su Resolución 47/133 del 18 de diciembre de 1992, “se producen desapariciones forzadas siempre que se arremete, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúen en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se nieguen a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley”.

La desaparición no sólo vulnera todos los derechos personales de las víctimas, sino también los de sus familiares, sometidos al constante dolor que implica desconocer el paradero de la persona amada.

A lo largo de los años cientos de organizaciones de Asia y Europa se han sumado a esta conmemoración. Pero, lamentablemente, también continúan sumándose nuevas víctimas, razón por la cual no cesamos en nuestro empeño de visibilizar la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad, y exigir verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, como condiciones imprescindibles para la construcción de escenarios de paz con justicia social en nuestro país.

Porque cada una de las víctimas es una razón más para seguir luchando por la utopía, nos encontraremos el próximo lunes 30 de agosto, a 5:00 de la tarde, en la calle Maracaibo, entre Girardot y El Palo.

1987, REITERACIÓN DEL ASESINATO POLÍTICO

Jue - 26 Ago Escrito por Comunicaciones CJL

“En este país el gobierno tiene para los colombianos, la metralla homicida; y una temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano”.

Jorge Eliécer Gaitán, 1928

Tras un año de diálogos entre el gobierno de Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), que propendían por una salida negociada al conflicto armado, nace -en noviembre de 1985- la Unión Patriótica (UP), plataforma política desde la que se buscaba impulsar transformaciones sociales, políticas y económicas indispensables en la consolidación de una paz con justicia social.

En medio del compromiso de cese al fuego y tregua, resultado de los Acuerdos de la Uribe, se desarrolla una fuerte actividad organizativa y de sensibilización en veredas, municipios y zonas periféricas de las ciudades hasta reunir a más de tres mil personas de todos los resquicios del país en el Primer Congreso Nacional de la Unión Patriótica, donde se construyó un rompecabezas sociopolítico del país y se delinearon los avances de la UP en cada uno de sus departamentos.

A la propuesta, respaldada por el Partido Comunista Colombiano y algunas vertientes democráticas de los partidos tradicionales, se adhieren sindicatos, grupos estudiantiles, artistas e intelectuales, organizaciones cívicas, campesinos, indígenas, organizaciones de mujeres y otras organizaciones populares, así como los guerrilleros de las FARC-EP que se incorporaban a la vida civil.

En marzo de 1986 los Acuerdos de la Uribe son ampliados para incluir explícitamente la obligación del Gobierno de brindar todas las garantías a la Unión Patriótica, prolongar la tregua, y reiterar la voluntad de paz acordada dos años atrás.

El Gobierno, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y las leyes, otorgará a la Unión Patriótica y a sus dirigentes las garantías y seguridades indispensables para que puedan desarrollar, en forma idéntica a la de las demás agrupaciones políticas, su acción tanto proselitista como electoral. El Gobierno hará recaer todo el peso de la ley sobre el ciudadano o la autoridad que conculque sus derechos o niegue, eluda o desconozca las garantías que les corresponden. También otorgará el Gobierno a las FARC las garantías y libertades que requieran para el proceso de incorporación de sus efectivos a la actividad política (1).

La UP participa, entonces, en la contienda política de 1986 logrando posicionar a 14 congresistas para Cámara y Senado, 18 diputados, y 335 concejales. Y dos meses después su primer candidato a la Presidencia de la República, Jaime Pardo Leal, alcanza el 10% de la votación del país, la más alta lograda en la historia de Colombia por un partido independiente.

No obstante los compromisos adquiridos por el Gobierno, meses después de firmar el Acuerdo de Prolongación de La Uribe comenzó el exterminio de militantes, familiares y simpatizantes de la UP. Dos candidatos presidenciales, nueve congresistas, setenta concejales, decenas de diputados, alcaldes, dirigentes de juntas comunales, líderes sindicales, estudiantiles, del sector de la cultura y el magisterio, profesionales y centenares de militantes de base, fueron asesinados y condenados a la indiferencia y el olvido por parte de las instituciones estatales (2). Entretanto los sobrevivientes se han convertido en desterrados, exiliados, refugiados, en fin, en perseguidos por sus filiaciones políticas.

Incansable guadaña

Corría el año de 1987 y cientos de líderes, estudiantes, profesores, políticos y simpatizantes de la UP se movilizaban por la ciudad de Medellín contra los crímenes de lesa humanidad, y al ritmo que se movilizaban eran asesinados de uno en uno, de dos en dos.

El 13 de agosto los principales dirigentes del Comité de Defensa de los Derechos Humanos en Antioquia, los profesores universitarios Carlos Gaviria Díaz, Leonardo Betancur Taborda, Héctor Abad Gómez, Pedro Luis Valencia Giraldo, y los líderes del magisterio sindicalizado, entre otros, encabezaban una marcha que salía de la Universidad de Antioquia, manifestándose a favor de la vida.

En la mañana siguiente fue asesinado, en su residencia cercana a la IV Brigada del Ejército, Pedro Luis Valencia Giraldo, médico y profesor de la Universidad de Antioquia, reconocido defensor de los Derechos Humanos, militante del Partido Comunista y Senador de la República por el movimiento Unión Patriótica.

El 25 de agosto siguiente fue asesinado el profesor Luis Felipe Vélez, presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), cuando ingresaba a la sede sindical. Y en la tarde del mismo día, fueron acribillados en este mismo sitio los médicos y profesores de la Escuela Nacional de Salud Pública y de Medicina de la Universidad de Antioquia, Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur Taborda.

La crudeza de la violencia política cobró la vida de cientos más durante el segundo semestre del 87. Fueron asesinados también Darío Garrido Ruiz y Edison Castaño Ortega, profesor y estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia; José Abad Sánchez, estudiante de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Antioquia; Yowaldin Cardeño Cardona, estudiante del Liceo Autónomo de la Universidad de Antioquia; José Ignacio Londoño y Francisco Gaviria, estudiantes de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Antioquia; John Jairo Villa Peláez, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia; Carlos López Bedoya, profesor del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia; José Ignacio Uribe Londoño, estudiante de la Universidad de Antioquia; Gustavo Franco Marín, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia; Rodrigo Guzmán, médico internista del Hospital San Vicente de Paúl; Orlando Castañeda Sánchez, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia; Marina Ramírez, estudiante de la Facultad de Química Farmacéutica de la Universidad de Antioquia; y el humanista Luis Fernando Vélez Vélez, profesor e investigador de la Universidad de Antioquia.

Hace ya dos décadas y ninguna persona ha sido detenida, juzgada o condenada por estos homicidios, razón por la cual las organizaciones sociales, sindicales y defensoras de los Derechos Humanos continúan denunciando ante la opinión pública los crímenes que vienen cometiéndose desde años atrás en Colombia contra toda oposición posible, y reclamando que se investigue, juzgue y sancione a los responsables.

(1) Acuerdo de prolongación de la tregua suscrito entre la Comisión de Paz, Diálogo y Verificación del Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. La Uribe - Meta, marzo 2 de 1986.

(2) El saldo de los actos atroces perpetrados en contra de la Unión Patriótica se aproxima a las 5.000 personas asesinadas, “desaparecidas” y torturadas, según la Fundación Manuel Cepeda Vargas.

LA COSECHA DE LA MUERTE

Lun - 30 Ago Escrito por Fabiola Lalinde

“El fascismo, por más que quisiéramos, no ha desaparecido de la faz de la tierra”.
Héctor Abad Gómez, “Manual de Tolerancia”

Llegó la muerte e hizo su agosto. Ya en Colombia no nos alcanza el calendario para conmemorar tanta desventura. En sólo un mes segó de un tajo, a diestra y siniestra, vidas muy valiosas y significativas para nosotros. En este país se asesina hasta la esperanza, que se dice, es lo último que se pierde.

En un agosto y en otros de diferentes años llegó la muerte con su guadaña y fue cortando, como segando trigo, el humor y la alegría que representaba para nosotros la vida de Jaime Garzón. En otro fatídico agosto apagó esa luz de esperanza en un país mejor y más amable que significaba para nosotros Luis Carlos Galán, hace precisamente 20 años. Ignoramos cuántos líderes más: opositores políticos, estudiantes, sindicalistas, indígenas, campesinos, defensores de Derechos Humanos y grupos afines figuran como víctimas en esta cosecha de la muerte desde el nefasto Estatuto de Seguridad hasta la Seguridad Democrática.

Pero sin lugar a dudas, para nosotros los habitantes de esta ciudad, Medellín, internacionalmente conocida como la ciudad de las flores, de la eterna primavera, la tacita de plata, varios recuerdos dolorosos nos trae agosto: el 7 conmemoramos el décimo aniversario de Gustavo Marulanda, un joven filósofo de la Universidad de Antioquia. Un 23 la intolerancia cobró la vida de León Zuleta, filósofo también y defensor de muchas causas. Una fecha, especialmente triste y luctuosa, que siempre recordaremos ocurrió un martes 25 de agosto de 1987, hace 22 años cuando la parca con su afilada hoja curvilínea hizo su ingreso a la sede de los maestros y cortó primero, a las siete de la mañana, el hilo de la vida de Luis Felipe Vélez, presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia, pero no contenta con su crimen, en la tarde, envía, al mismo lugar, a sus sicarios motorizados para que con sus siniestras armas de fuego asesinaran vilmente al médico, humanista y defensor de derechos humanos, doctor Héctor Abad Gómez y a su discípulo y amigo Leonardo Betancur.

Estos hechos lamentables, ocurridos en un mismo día rebosaron la copa del dolor y la impotencia. Para escribir sobre estas tragedias y dar testimonio sobre lo que sus muertes han significado para la causa de los Derechos Humanos, para sus familias, para sus organizaciones, para sus comunidades y para quienes fuimos directamente beneficiados de cada una de estas vidas admirables a través de su humanismo, solidaridad e inteligencia, no es fácil. Sería necesario que las lágrimas se pudieran teñir como la tinta y grabar sobre kilómetros de papel nuestros sentimientos y aún así nos quedaríamos cortos quienes carecemos de esa capacidad de traducir sentimientos a palabras para expresar todo lo que ellos representaron para la causa de los Derechos Humanos, su defensa y promoción. Sus posiciones contra todas las formas de violencia, contra la pobreza, contra la falta de oportunidades a todos los niveles y, especialmente por ese gran legado que como médicos salubristas nos dejaron y que aún sus victimarios ignoran.

De Eduardo Galeano en el “Libro de los Abrazos” encontré un párrafo de 10 renglones que resume el vil asesinato del doctor Héctor Abad Gómez, el cual transcribo a continuación y que considero vigente y válido para las muertes violentas a manos de sicarios, en esta patria doliente y afligida.

La vida profesional/1
Eduardo Galeano
El libro de los abrazos

A fines de 1987, Héctor Abad Gómez, denunció que la vida de un hombre no vale más que ocho dólares. Cuando su artículo se publicó, en un diario de Medellín, ya él había sido asesinado. Héctor Abad Gómez era el presidente de la comisión de Derechos Humanos. En Colombia es raro morir de enfermedad.
- ¿Cómo quiere el cadáver, su merced?
El matador recibe la mitad a cuenta. Carga la pistola y se persigna. Pide a Dios que lo ayude en su trabajo.
Después, si no le falla la puntería, cobra la otra mitad. Y en la iglesia, de rodillas agradece el favor divino.