Este informe demuestra que durante el período comprendido entre 2002 y 2006, la Fuerza Pública cometió ejecuciones extrajudiciales de manera sistemática en el oriente antioqueño. Esta situación demuestra que el Estado colombiano no ha adoptado las recomendaciones del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, ni de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el tema. Por tanto, es importante resaltar y exigir que el gobierno de Colombia dé cumplimiento a esas recomendaciones.
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