Informe de la comisión de verificación en Segovia, Antioquia

Treinta días se cumplen de movilización y protesta social en los municipios de Segovia y Remedios por parte del sector minero. El 18 de agosto llega a Segovia una comisión de derechos humanos de la ciudad de Medellín, compuesta por el Nodo Antioquia Coordinación Colombia Europa –CCEEU-, Proceso social de garantías para defensores, Instituto Popular de Capacitación, Cahucopana, Corporación Jurídica Libertad y Comité de derechos humanos Gustavo Marulanda.

Ese mismo día llegan al municipio el delegado nacional de la Procuraduría, Alta consejería para los derechos humanos de la presidencia, director de derechos humanos de la gobernación de Antioquia, convocados por la Mesa Minera. También estuvieron Ministerio del interior y la Secretaria de Gobierno pero no se acercaron a la comunidad a escuchar las denuncias.

Alrededor de las 5 p.m. y una vez finalizada la reunión entre la institucionalidad, las organizaciones sociales y la comunidad, mientras se realizaba el sepelio y un acto conmemorativo en rechazo del asesinato del joven Brandon Stid Estrada, quien falleció el 15 de agosto por un impacto de bala y no por una riña como dijo el Gobernador de Antioquia y las mujeres se dirigían al municipio de Remedios a una marcha pacífica, el Esmad irrumpe la calma lanzando gases por todas partes y tomándose el sector de la electrificadora donde se concentra la protesta, allí se encontraban niños, mujeres embarazadas y ancianos.

El enfrentamiento dejó un herido de gravedad que fue remitido a Medellín, un herido leve, una señora con herida leve que es maestra del municipio y la muerte de Alexis Gregorio Acevedo de 42 años, según el reporte del Hospital San Juan de Dios. Alexis llegó con herida de tórax y exposición pulmonar y cardíaca, herida que fue generada por impacto de material explosivo lanzado por la fuerza pública.

Rechazamos el tratamiento militar y de guerra que se le está dando a la protesta pacífica, el exceso de la fuerza y utilización de armas no convencionales, además de drones. La comunidad tiene evidencias de francotiradores y del Esmad entrando a sus casas, escuelas y hospitales, lanzando gases a estas y destruyéndolas.

En el coliseo se ubicaron los indígenas y campesinos que llegaron de algunas veredas a apoyar la protesta. Éstos se declararon en campamento de refugio humanitario. Allí hay niños recién nacidos, ancianos y mujeres embarazadas y con estos últimos hechos tuvieron que evacuar dicha instalación, quedando a la deriva, pues el Esmad estuvo muy cerca a ellos.

Llamamos la atención por la posibilidad de presentarse falsos positivos judiciales como estrategia de criminalizar la protesta e implicar a los manifestantes en acciones vandálicas para profundizar la estigmatización de éstos.

De no tomarse acciones en materia de prevención y protección y una salida negociada, basada en el respeto a los derechos humanos, alertamos de una posible agudización de la crisis humanitaria que se extiende a toda la subregión del nordeste antioqueño.

Responsabilizamos al gobierno nacional en cabeza de Juan Manuel Santos y al gobernador de Antioquia, Luis Pérez, por los nuevos asesinatos que se puedan presentar en Segovia y Remedios, y los hechos que esta situación desencadene. Reiteramos la exigencia de que el Esmad salga de los municipios y se instale una mesa de negociación con los mineros.

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